La Caja Negra reveló la rosca judicial que terminó perjudicando a una familia que nada tenía que ver en un proceso por deuda impaga, y quien perdió parte de su propiedad en un remate por 250 millones de guaraníes, cuando el inmueble estaba valorizado en 3 millones de dólares.

Ramona Caballero de Neufeld, esposa del canadiense Peter Neufeld, quien falleció en mayo del 2022, se enteró de lo que estaba ocurriendo cuando decidió iniciar el proceso de sucesión, pero no pudo continuar porque había un pagaré “firmado” por su esposo.

Pagaré firmado por el ciudadano mexicano, Peter Neufeld Peters

“Yo no esperaba que esto pasara porque mi esposo nunca dejó deudas en Paraguay. Si mi marido no moría nosotros no nos íbamos a enterar”, lamentó la mujer.

El caso se remonta a 1998, cuando un ciudadano mexicano, Peter Neufeld Peters, firmó 8 pagarés por 16 mil dólares en calidad de codeudor de una camioneta a la empresa Tapé Ruvicha, que luego ya no se pudo pagar más.

Ante esta situación, el vehículo se devolvió a la empresa y fue puesto a remate, pero quedó un remanente que no se pudo cobrar porque Peter Neufeld Peters no tenía nada a su nombre que pudiera servir como embargo y cobro de la deuda.

Como es de esperarse, la firma Tapé Ruvicha continuó con el juicio y recurrió a varias instituciones solicitando datos en busca de algo de valor que pudiera tener a su nombre el ciudadano mexicano, y así saldar la deuda pendiente, pero tanto Registros del Automotor como Registros Públicos reiteraron en varias ocasiones que el hombre no registraba absolutamente nada.

Insistente, Tapé Ruvicha, a través de su abogada María Silvia Acha, solicitó informes a Registros Públicos sobre dos propiedades. Las mismas que estaban a nombre de Peter Neufeld, canadiense, y no de Peter Neufeld Peters, mexicano.

Omitiendo la existencia de una homonimia y en complicidad de una corrupta estructura judicial, se autorizó el remate de uno de los inmuebles.  El mexicano advirtió que la propiedad no le pertenecía, pero eso jamás importó, la venta continuó.

Pasaporte del canadiense Peter Neufeld

“La que compró el inmueble en remate es María Marta Brun Zuccolillo, que vamos a investigar si la misma también es accionista de la firma Tape Ruvicha o podríamos encontrar algún vínculo” expresó Robin David Miranda, abogado de la familia del canadiense.

El profesional acusó a toda la estructura judicial y a funcionarios del estado de irresponsables y mal intencionados. “El poder judicial va a tener que pedirle disculpas a esta señora por los daños y perjuicios ocasionados y van a tener que pagar todo” agregó el abogado.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.