Se trata del Oficial Ayudante Derlis Miguel Sanabria Talavera (27) quien fue encontrado culpable del hecho de lesión corporal en ejercicio de sus funciones públicas y condenado a cuatro años de prisión, mientras el Suboficial Inspector Juan Darío Amarilla (40) fue absuelto de culpa y pena.

La fiscala Fátima Girala, quien representó al Ministerio Público al conocer el fallo quedó muy descontenta, ya que ella había pedido ocho años de prisión para Sanabria Talavera y seis para Amarilla. Tras finalizar el juicio la agente dijo que iba a apelar la sentencia ya que no se ajustaba a las pruebas que ella presentó y donde se demostró el proceder de los dos policías.

Este caso se dio el 30 de mayo de 2020 cuando regía la restricción sanitaria y solo se podía circular por las calles hasta las 20:00 y ese día a las 20:20 una familia se movilizaba en un vehículo por la ruta que une Luque con San Lorenzo y se toparon con una barrera policial, el conductor al ver a los uniformados dio vuelta y enfiló nuevamente hacía la ciudad de San Lorenzo.

En eso una patrullera en la que iban Sanabria y Amarilla los persiguió y en la rotonda de Yberá, le dieron alcance y el hoy condenado abrió fuego contra el vehículo hiriendo al niño de seis años que iba en el rodado.

El padre del menor fue reducido a golpes y esposado, mientras pedía que se lleve a su hijo a un hospital. Finalmente el pequeño fue llevado al Hospital del Trauma donde quedó internado y se le salvó la vida.

La fiscala Girala, presentó todos los elementos que demostraron el mal proceder de los dos policías y pidió la condena de ambos. Sin embargo el Tribunal de Sentencia sólo condenó y a la mitad de años requeridos por la fiscalía a Sanabria, quien fue el que efectuó los disparos, el suboficial Amarilla quien conducía la patrullera fue absuelto.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.