A través de su abogada, María Silvia Acha, Tape Ruvicha exigió que la empresa no sea involucrada “injustificadamente” en cuestiones jurídicas que, según expresa, se realizan de mala fe y en contra de los intereses del grupo empresarial.

La empresa contestó luego de que Robin Miranda, representante legal de la señora Ramona Caballero de Neufeld, haya promovido un juicio de incidente de dominio. En cambio, de acuerdo al abogado, el allanamiento carece de efectos jurídicos porque no se le otorgó el poder especial a los representantes, por lo que deben correr con las costas.

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Tape Ruvicha remató 500 hectáreas de un inmueble por 250 millones de guaraníes, buscando saldar la deuda de Peter Neufeld Peters, ciudadano mexicano que firmó 8 pagarés como codeudor de un vehículo que luego ya no se pudo pagar más.

El problema es que el inmueble rematado en realidad no es del mexicano, sino de otro con el mismo nombre, pero canadiense:  Peter Neufeld.

Según Tape Ruvicha, el remate se realizó luego de que Registros Públicos identificara que la propiedad estaba a nombre del mexicano Peter Neufeld Peters, sobre quien pesaba el proceso por deuda. Sin embargo, según el expediente, desde el primer momento fueron advertidos de que este hombre no registraba absolutamente nada.

De acuerdo a la denuncia publicada en “La Caja Negra”, la abogada María Silvia Acha fue quien, insistentemente, solicitó datos sobre el inmueble a nombre de Peter Neufeld, omitiendo la existencia de una homonimia y en complicidad de funcionarios judiciales, introdujo al sistema el número de las fincas para proceder al remate.

“Es Acha quien introduce los inmuebles del canadiense e insiste hasta lograr que el Juzgado traiga la condición de dominio, solo indicando Peter Neufeld a secas, sin señalar más datos” expresó el abogado Robin Miranda.

Para el abogado, la “mala fe” en realidad vino de la abogada de Tape Ruvicha y anunció que van a iniciar un juicio por daños y perjuicios. Indicó, además, que solo suspendieron el embargo de 2.000 hectáreas, pero quedan recuperar las 500 hectáreas que habrían sido compradas en remate por María Marta Brun de Zuccolillo.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.