Medicamentos importados sin control: Clan Ferreira recusa a fiscales

La defensa de Patricia Ferreira, propietaria de la firma IMEDIC S.A. que había sido imputada por el caso de importación ilegal de medicamentos traídos desde la India, volvió a accionar en contra del fiscal Marcelo Pecci, esta vez impugnando la resolución que lo confirmaba al frente de la investigación. Así también, se recusó a la Fiscal General del Estado y a un total de 16 fiscales adjuntos.

En el marco de las investigaciones por facturas falsificadas, los abogados de la propietaria de la firma Insumos Médicos S.A. (IMEDIC) habían recusado al fiscal del caso, Marcelo Pecci.

En aquel entonces, la defensa de Patricia Ferreira había alegado una supuesta falta de objetividad junto con otros argumentos que posteriormente fueron rebatidos por el fiscal al considerar que son exposiciones sin fundamentos.

Luego de realizar un análisis exhaustivo del caso, la fiscal adjunta Teresa Aguirre optó por rechazar esta recusación y confirmar a Pecci para que prosiga al frente de la causa penal.

En la jornada de este lunes, la defensa de Patricia Ferreira volvió a accionar contra la decisión del Ministerio Público, esta vez impugnando la resolución de confirmación del citado agente fiscal. Así también, recusó a la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, a fin de que no pueda resolver esta impugnación.

La defensa extiende aún más este recurso dilatorio al recusar también a todos los fiscales adjuntos (16 en total), pese a que los mismos no han tenido siquiera intervención en dicha causa. De esta manera, para la Fiscalía queda evidenciada la presentación de este recurso.

Cabe recordar que Patricia Ferreira se encuentra imputada junto con otra directiva de IMEDIC S.A. y un despachante de Aduanas por el presunto uso, en asociación criminal, de facturas y guías aéreas falsas para la importación no autorizada de fármacos procedentes de la India. En este caso, se los acusa de haber utilizado documentos falsificadas para lograr obtener los permisos para traer y comercializar medicamentos sin ningún tipo de control.

Anteriormente, los fiscales Marcelo Pecci y Susy Riquelme ya habían sido recusados en la causa por el empresario Justo Ferreira, representante de la mencionada empresa y además padre de Patricia Ferreira.

A partir de ahora, la Corte Suprema de Justicia deberá expedirse para la intervención fiscal.

 

Menguan accidentes fatales en la ruta de Tape Porã

A un año de la habilitación de la duplicación de la ruta Caaguazú- Ciudad del Este se constata una reducción del 84 % de las muertes por accidente de tránsito. El trecho de la ruta PY 02, de 140 Km, fue transformado en autopista por la empresa Tape Porᾷ, por un contrato de concesión.

“Antes de la duplicación, hasta el año 2016, se observaba un promedio anual de 50 personas fallecidas en sucesos automovilísticos; durante la construcción, bajo a 16 personas y desde hace un año, junio del 2019, que concluyó y fue habilitada, solamente 8 personas. Casi todos involucraron a motociclistas”, comentó el gerente financiero del consorcio Tape Porᾷ, Ricardo Ruiz Díaz.

Unos 18.000 vehículos circulan al día por la nueva autopista que conduce al puente de la Amistad, frontera con Brasil. Ruiz Díaz solicitó la colaboración de los conductores para seguir bajando la cifra de accidentados respetando las señalizaciones y los límites de velocidad.

La autopista, que cruza las comunidades de J. E. Estigarribia, José Domingo Ocampos, Juan E. O´ Leary, Mallorquín, Colonia Yguazú, está diseñada para 110 Km/hora. Tiene dos carriles por sentido, pavimento asfáltico, banquinas interna y externa, 7 rotondas, 89 retornos, 5 pasarelas peatonales y un sistema de señalización con pintura termoplástica a extrusión que hace de despertador al contacto con el neumático.

Ruíz Díaz indicó que la transformación de la ruta Caaguazú-Ciudad del Este es la primera concesión de obra vial financiada a través del peaje.” La empresa Tape Porᾷ implementó el contrato fiduciario para poder financiar el emprendimiento”, recordó.

Tape Porᾷ, además de construir el nuevo camino, tiene la obligación de mantener y operarla prestando servicios gratuitos de ambulancia, grúas para auxilio mecánico y un patrullaje constante.

En la ruta Caaguazú-Ciudad del Este se tiene especial control sobre el peso de la carga de los camiones para evitar la prematura destrucción del camino. Operan dos básculas, una en la zona de Pastoreo y otra en Minga Guazú.

 

Proyecto "manos limpias": buscan inhabilitar a personas condenadas por corrupción para cargos electivos

El diputado Raúl Latorre (ANR) presentará un proyecto de ley que pretende restringir el acceso a cargos electivos a personas que fueron condenadas por hechos de corrupción ante la justicia. En primer término, establecerá una inhabilidad para las candidaturas al Congreso.

El parlamentario colorado comentó a HOY que prevé presentar mañana ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley “de manos limpias” que tiene como principal finalidad castigar a las personas que estén vinculadas a casos de corrupción.

Puntualmente, la propuesta contempla que aquellos que posean antecedentes de corrupción no puedan ocupar espacios de poder en alguno de los poderes del Estado.

Para dar fiel cumplimiento a ello, la persona deberá cumplir con una condena firme y ejecutoriada, habiendo agotado todas las instancias de apelación pertinentes ante la justicia.

Este es uno de los proyectos que forman parte del paquete de leyes que se encargará de poner a consideración de sus demás colegas, según adelantó. En primera instancia, la inhabilidad será para ocupar cargos en el Congreso (Senado y Diputados).

“Hay que poner todo el empeño para evitar que los corruptos estén en espacios de poder. Hay muchos paraguayos honestos para ocupar los espacios de representación”, afirmó Raúl Latorre.

El mismo aclaró que el proyecto tiene viabilidad constitucional debido a que busca legislar teniendo como base el Art. 197 inciso 2 de la Constitución Nacional que habla de las inhabilidades para ocupar cargos en el Poder Legislativo.

Finalmente, Latorre enfatizó que la condena de quienes cometen estos actos de corrupción queda en manos de la justicia y que desde el Congreso lo que pueden hacer es legislar buscando evitar que los que sean condenados lleguen a estos espacios de poder.

 

Poner más deudas no puede significar una recuperación económica

Es lo que afirma Carlos Fernández Valdovinos, ex titular del Banco Central del Paraguay, quien apoya todo plan de reactivación económica pero siempre que tenga bases sólidas.

Fernández Valdovinos afirma que el plan de recuperación que se enmarca dentro del programa Ñapu'â Paraguay no será suficiente, al menos por la forma en que se lo elabora.

Charlando con Radio Universo, Fernández asegura que "las políticas están bien, pero cómo vamos a financiar es el drama, porque todo va sobre endeudamiento público".​

"Parece todo lindo el tema del nuevo endeudamiento para gastos sociales y me parece bien, pero financiar recursos con nuevas deudas no me parece correcto", indicó.

El ex presidente del Banco Central del Paraguay cuestionó que se asignen 350 millones de dólares para reactivar la economía. "Es muy poco", indicó.

También dijo que "el dinero es fungible", pero que si querían cubrir deudas a varios sectores "debían usar de los impuestos, así se pagaba a policías, docentes o Fuerzas Armadas".

"De esa manera el endeudamiento iba a servir para cubrir otras burocracias. Pero necesariamente debe haber un plan de normalización", señaló.

Sobre eso explicó que "de no existir un plan de normalización de cuentas públicas quedaremos expuestos a problemas de sostenibilidad", argumentando que más deudas para cubrir otras no es literalmente una solución muy viable.

Cabe resaltar que el gobierno hizo la presentación del plan Ñapu'â Paraguay, consistente en una inversión de 2.500 millones de dólares. Unos 350 millones se invertirá en formalización, promoción de empleos y créditos para el desarrollo.

De ese monto se destinará 100 millones a IPS, 80 millones a Pytyvõ, especialmente a ciudades fronterizas, 100 para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 40 millones para viviendas a ser ejecutados por el Ministerio de Urbanismo, 10 millones para el Fondo Ganadero y 20 millones para el Crédito Agrícola de Habilitación.