En el marco de las investigaciones por facturas falsificadas, los abogados de la propietaria de la firma Insumos Médicos S.A. (IMEDIC) habían recusado al fiscal del caso, Marcelo Pecci.

En aquel entonces, la defensa de Patricia Ferreira había alegado una supuesta falta de objetividad junto con otros argumentos que posteriormente fueron rebatidos por el fiscal al considerar que son exposiciones sin fundamentos.

Luego de realizar un análisis exhaustivo del caso, la fiscal adjunta Teresa Aguirre optó por rechazar esta recusación y confirmar a Pecci para que prosiga al frente de la causa penal.

En la jornada de este lunes, la defensa de Patricia Ferreira volvió a accionar contra la decisión del Ministerio Público, esta vez impugnando la resolución de confirmación del citado agente fiscal. Así también, recusó a la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, a fin de que no pueda resolver esta impugnación.

La defensa extiende aún más este recurso dilatorio al recusar también a todos los fiscales adjuntos (16 en total), pese a que los mismos no han tenido siquiera intervención en dicha causa. De esta manera, para la Fiscalía queda evidenciada la presentación de este recurso.

Cabe recordar que Patricia Ferreira se encuentra imputada junto con otra directiva de IMEDIC S.A. y un despachante de Aduanas por el presunto uso, en asociación criminal, de facturas y guías aéreas falsas para la importación no autorizada de fármacos procedentes de la India. En este caso, se los acusa de haber utilizado documentos falsificadas para lograr obtener los permisos para traer y comercializar medicamentos sin ningún tipo de control.

Anteriormente, los fiscales Marcelo Pecci y Susy Riquelme ya habían sido recusados en la causa por el empresario Justo Ferreira, representante de la mencionada empresa y además padre de Patricia Ferreira.

A partir de ahora, la Corte Suprema de Justicia deberá expedirse para la intervención fiscal.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

Puede interesar: Presentan propuesta de ley que crea una empresa de transporte público

Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.

La suspensión se realizó vía sumario en la causa Dubini Franco, que actualmente está en audiencia preliminar. El argumento es por “faltar el debido respeto a magistrados, otros profesionales, funcionarios u otras personas, en el ejercicio de sus funciones, cuando el hecho no sea de tal entidad que constituya una falta grave”.

Te puede interesar: El Grupo Lince cumple 7 años de servicio en el país

Según Daniel Lobo, el sumario se aplicó tras la denuncia que hizo la magistrada Rosarito Montanía en su contra luego de que la acusara de violar la constitución en la causa Dubini Franco.

“Voy a iniciar mi batalla, voy a volver a recurrir al Colegio de Abogados, le puede ocurrir a cualquiera que objete que estén violando sus derechos. La Corte pretendió quitarme de la audiencia preliminar, no espero mucho de la Superintendencia de la Corte, yo presenté una recusación. Los 9 ministros son mi contraparte”, expresó el abogado a la radio 650 AM.

Para Lobo, la decisión de la Corte es arbitraria por lo que anunció que planteará un recurso de reconsideración y recurrirá a instancias internacionales, si es necesario.

“Esto es algo que yo me esperé, que iba a ocurrir. Tengo un equipo profesional que me asiste, para llevar a lo internacional. No podemos esperar que la Corte Suprema aplique la ley. Lo mas rápido va a ser iniciar la demanda por daño moral. Eso encuentra sustento en la arbitrariedad. Voy a recurrir al recurso de consideración”, refirió.

Daniel Lobo es abogado defensor de José “Pastor” Insfrán, supuesto narcotraficante detenido en el operativo A Ultranza Py.

Por su parte, Rodríguez Palacios también fue amonestado por la Corte por las iguales razones, supuestos ataques a la misma magistrada.