La semana pasada el juez Mirko Valinotti le otorgó medidas alternativas a la prisión a Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, directivos de Imedic, quienes desde la imputación misma por contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, nunca se sometieron al proceso y presentaron una chicana tras otra, pero a la hora de la audiencia donde se debía definir su prisión o no, el juez Valinotti, no tuvo en cuenta las dilaciones que presentaron y les dio el arresto domiciliario.

El fiscal Osmar Legal, en la audiencia se ratificó en pedir la prisión de ambos, pero no apeló la resolución del magistrado, según dijo el agente en una entrevista en Radio UNO, no apeló la medida ya que están cerca de la fecha de acusación y para evitar dilaciones.

“La verdad el caso se dilató bastante con la batalla de las medidas cautelares y nos saca de enfoque, lo que siempre digo es que las medidas cautelares son siempre variables, nosotros podemos volver a pedir medidas cautelares si pensamos que es necesario, pero en este momento tenemos diligencias importantes que tenemos que terminar y no queremos que nos recusan”, apuntó Legal.

También el fiscal recordó que el próximo 21 de enero es la fecha tope que tienen para presentar el requerimiento conclusivo en este caso y que tienen que cerrar todo el caso y prestarse al juego de las medidas les puede llegar a afectar, señaló.

Sin embargo teniendo todo este panorama uno se encuentra con que a más de seis meses del hecho grave a la fecha todos los imputados están con medidas y nadie está preso, pese a que el Ministerio Público pidió la prisión preventiva de todos los implicados los jueces como Valinotti optaron por dejar libre a todos.

Hace poco más de 6 meses, nuestro país fue testigo de uno de los casos más espantosos de corrupción de los últimos tiempos, por el hecho de registrarse en plena pandemia y tener como principal protagonista al órgano encargado de combatirla: el Ministerio de Salud Pública.

El pasado 6 de abril, dicha secretaría de Estado adjudicó, por vía de la excepción, dos contratos millonarios a las empresas Imedic y Eurotec, cuyo valor supera los 85.000 millones de guaraníes, en cifras redondas, equivalentes a 13.590.000 dólares americanos.

El proceso destinado a la adquisición de insumos hospitalarios, estuvo plagado de irregularidades desde sus inicios. El pliego de bases y condiciones fue denunciado por estar direccionado y dejar fuera de competencia a todas las empresas interesadas en participar del mismo, excepto a las beneficiarias.Éstas, nunca debieron ser adjudicadas, dado que sus propietarios son hermanos y pertenecen al mismo grupo económico que lidera el padre de ellos, Justo Ferreira.

Salud Pública les concedió de manera indebida un anticipo de aproximadamente 3 millones de dólares. Y como corolario de esas y otras irregularidades, Imedic y Eurotec finalmente incumplieron el contrato, dejando desabastecidos a los hospitales públicos de una serie de insumos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.