Los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Lilliana Alcaraz, habían presentado el requerimiento conclusivo en el caso que afrontan el suboficial Inspector Ramón Balbino Vargas Espinoza y el suboficial Superior Félix Antonio Ayala Caballero, por los hechos punibles Frustración de la Persecución y Ejecución Penal, Acceso Indebido a Sistemas Informáticos y por Alteración de Datos relevantes para la prueba. Ahora, el juez Penal de Garantías, Miguel Palacios, elevó el caso a Juicio Oral y Público, tras el pedido de la representación fiscal. La agente fiscal Alma Zayas representó al Ministerio Público en la audiencia preliminar donde se elevó la causa a Juicio Oral y Público.

Los sindicados serían responsables de cambiar los datos de un presunto narcotraficante prófugo, quien tenía orden de detención con fines de extradición a Brasil. El caso se deriva tras la investigación del atentado en el que murieron dos personas, durante un festival que se desarrollaba en San Bernardino en enero de 2022. El hombre, identificado como José Luis Bogado Quevedo, resultó detenido tras ser herido en el atentado.

Según las indagaciones del Ministerio Público, en fecha 3 de enero de 2019, el Departamento de Informática de la Policía Nacional recepcionó el oficio N° 4, de fecha 27 de diciembre de 2018, por el cual el juez interino del Juzgado Penal de Garantías n.° 9 de Asunción, Abg. Elio Roben Ovelar Frutos, solicitó que la Policía Nacional proceda a la detención con fines de extradición de Bogado Quevedo.

En consecuencia, en fecha 4 de enero de 2019, el Departamento de Informática de la Policía Nacional, a través del operador informático con usuario “medinas”, procedió a cargar en el sistema informático de antecedentes judiciales de la Policía Nacional, lo dispuesto por el órgano judicial mencionado, completándose, en el campo correspondiente a causa, el dato de: “detención con fines de extradición”; y, en el campo correspondiente a estado, el dato de: “prisión preventiva-captura”.

Posteriormente, en fecha 6 de enero de 2020, el suboficial Superior Ayala Caballero, del Departamento Judicial de la Policía Nacional, operador del sistema informático con el usuario “ayalaf”, ingresó a la ficha de consulta correspondiente a Bogado Quevedo y modificó los datos correspondientes al campo de estado, cambiando el de “prisión preventiva-captura” a “antecedentes”; el de número y fecha de nota, cambiando “n.° 4 de fecha 27 de diciembre de 2018” a “n.° 1206 de fecha 12 de diciembre de 2019”; y el juez “Elio Rubén Ovelar” a “Rolando Duarte”.

Seguidamente, en fecha 20 de mayo de 2020, este mismo usuario “ayalaf”, ingresó nuevamente a la misma ficha de consulta correspondiente al extraditable e introdujo el dato: S (que significa sobreseimiento) en el campo correspondiente además, en el campo de sentencia, consignó: “AI 1185”.

Por su parte, en fecha 28 de agosto de 2020, el mismo suboficial superior Ayala Caballero, con el usuario “ayalaf”, ingresó por última vez a la misma ficha, modificándolo y volviendo a los datos originales, es decir, “nota n.° 4 de fecha 27 de diciembre de 2018; juez: Elio Rubén Ovelar Frutos; estado: detención preventiva-captura”.

En fecha 23 de abril de 2021, el suboficial inspector Vargas Espinoza, de la Dirección de Policía de Ñeembucú, operador del sistema informático con el usuario “vargasr”, modificó la ficha de consulta correspondiente a Bogado Quevedo, cambiando a la “nota n.° 212 de fecha 20 de abril de 2021”; la causa a: “incumplimiento del deber legal alimentario; la sentencia: “AI 644”; la situ: “E” (significa extinción de la acción); las observaciones: “homologar acuerdo conciliatorio – extinción de la acción penal”; número de causa: “49-2006”; y el estado: “antecedentes”.

Asimismo, en la misma fecha, 23 de abril de 2021, este mismo operador “vargasr”, modificó nuevamente la carga anterior, cambiando las observaciones a: “corresponde al orden 1 (uno)” y la situ a: “N” (que significa nulidad).

Por último, en fecha 31 de enero de 2022, día siguiente del atentado, el suboficial inspector con el usuario “vargasr”, ingresó a la ficha en cuestión y modificó todos los datos volviendo al estado original, vale decir, “nota n.° 4 de fecha 27 de diciembre de 2018; causa n.° 546-2018; juez: Elio Rubén Ovelar; causa: Incumplimiento del Deber Legal Alimentario (mantuvo carga anterior); estado: detención preventiva con fines de extradición”.

En la misma fecha, 31 de enero de 2022, el operador “vargasr”, ingresó por última vez a la ficha de consulta correspondiente al extraditable y cambió la causa de: “incumplimiento del deber legal alimentario” a: “detención con fines de extradición”, manteniendo los demás datos cargados anteriormente ese mismo día.

El suboficial inspector Vargas Espinoza realizó esta última modificación en el sistema informático de procesamiento de antecedentes judiciales de la Policía Nacional al día siguiente del hecho de Homicidio (sicariato) ocurrido en un evento musical en la ciudad de San Bernardino, de notoriedad pública, donde se encontraba presente José Luis Bogado Quevedo, quien había sido herido por un impacto de bala, luego derivado a un sanatorio privado, donde fue detenido por la Policía Nacional, en virtud a la orden de detención preventiva con fines de extradición que pesaba en su contra.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.