Los fiscales Carlos Maldonado, Gedeon Escobar e Irene Alvarez encabezaron los allanamientos a dos domicilios en Emboscada, uno de ellos en la estancia de la familia de la pequeña y otro en un inmueble en el que vive la madre con su actual pareja.

Un rastreo hematológico con blue star dio positivo en la prenda que usó el padrastro el día de la desaparición y en una de las ropas de la niña. También en una de las colchas y al borde de un colchón, según confirmó el fiscal Maldonado en entrevista con radio 1000 AM.

Este procedimiento se realiza en la oscuridad y consiste en rociar un producto sobre una superficie. Cuando detecta la presencia de hierro (presente en sangre) da luminosidad. La sangre podría ser humana o de animal.

Las muestras extraídas serán analizadas, pero debido a un protocolo vigente por la pandemia del Covid-19, se deberá esperar 10 días para comenzar a estudiar las tomas.

Además de las evidencias levantadas, también tomaron declaración a otras personas, entre ellas el capataz y un empleado que se encargaba de la colocación de un alambre.

El capataz comentó que el día de la desaparición, el 15 de abril, llegó al establecimiento a las 8:05 de la mañana y vio a la niña con las dos cabras. También escuchó que la madre le decía que le colocaría el calzado deportivo. Por su parte, el otro hombre aseguró que aquella fecha ni siquiera vio a la pequeña.

La desaparición se produjo el 15 de abril cuando la menor salió a pasear con dos cabras que posteriormente fueron encontradas. La denuncia se formuló el 16 del mismo mes, pero la comunicación no la dieron los padres, sino la profesora y el director de una escuela.

La niña padece trastornos mentales y testimonios recogidos por la Fiscalía indican que la menor recibía malos tratos por parte de su padrastro.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.