El fiscal general del Estado, Javier Diaz Verón, dispuso que los agentes Sandra Quiñónez y Lorenzo Lezcano vayan a Foz de Iguazú para participar de la audiencia de Flavio Acosta, sobrino de Neneco y quien está sindicado como uno de los autores materiales del asesinato de Pablo Medina y Antonia Almada.

“Es importante ir a escucharlo y conseguir que pueda venir a Paraguay (para someterse a la justicia)”, indicó Quinóñez en charla con la 650 AM.

La representante del Ministerio Público dijo por otra parte que después de semana santa citarán a Neneco Acosta. Agregó que para el 17 de mayo la Fiscalía tiene previsto presentar su escrito conclusivo con respecto al mismo.

En tanto que, comentó que mediante un juicio abreviado se consiguió ayer lunes la condena de Arnaldo Javier Cabrera López, de 37 años de edad. El hombre deberá pasar cinco años de cárcel por omisión de dar aviso de un hecho punible. El hombre era el chofer de Neneco y sabía que iba a cometerse el atentado, sin embargo, no informó el plan ni a la justicia ni a las personas que estaban en la mira.

EL TERROR POR EL CLAN ACOSTA

Quiñónez dijo que un equipo de investigación trabajó primeramente en este caso con escasos documentos, pero que luego con el paso de los tiempos lograron juntar elementos necesarios. “Si hoy Vilmar Acosta está en Paraguay, es porque remitimos toda la información. La justicia brasileña no te va a dar por que sí nomas a alguien”, añadió.

Recordó que encontraron documentaciones de los clanes que actuaban en la zona. “Tenía los grupos y encontramos las amenazadas que realizó Vilmar en su contra”, dijo.

“Vos te vas a Ypehú y nadie habla. A todos los investigadores nos hacía sentir algo… Muy bajito nos decían ‘por fin vinieron’, ‘no dejen la zona’, ‘fuerza’. Había un terror por el clan Acosta. Tenían que estar en la zona para saber lo que pasaba allá”, detalló.

En el allanamiento de la comuna se encontró la cédula de Cabrera, y los investigadores analizaron las comunicaciones entre este chofer y la familia Acosta, según explicó además Santa Quiñónez.

En cuanto a la diputada Cristina Villalba, quien fue señalada como la supuesta madrina, la agente fiscal dijo que “nosotros no encontramos nada. Ella declaró y manifestó que Vilmar la llamó y que ella le dijo que se entregue”. Añadió que la parlamentaria se comunicó luego con el Fiscal General y que este le aseguró que Acosta tenía las garantías constituciones y que debía presentarse ante la justicia. “Nosotros lo esperamos, pero nunca se presentó”, añadió.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.