“Es un caso grave y emblemático no sólo porque se afectó al patrimonio del Estado, sino porque se afectó a niños vulnerables en situación de calle o víctimas de violación”.

Así explico el fiscal Rodrigo Estigarribia a Radio Universo, al referirse a la condena otorgada al ex ministro de la niñez y la adolescencia José Orué Rolandi, hallado culpable en el caso que gira en torno al programa Vaso de Leche. Orué fue ministro en tiempos de la presidencia del liberal Federico Franco.

Dio detalles de cómo se operó para incurrir en sobrefacturaciones y perjuicios patrimoniales al Estado en beneficio de una empresa de maletín llamada Granos y Aceites.

“Se creó una empresa de maletín y se adjudicó la provisión de alimentos que en vez de ser al 100% se redujo considerablemente. Las mercaderías estaban sobrefacturadas”, dijo.

Contó que “un kilo de carne, en vez de comprarse a 20.000 se hizo por 50.000. Y las carnes enviadas estaban descompuestas y al ser una empresa de maletín la adjudicada no estaba preparada para dar cumplimiento y abastecer suficientemente a los niños, ni camiones refrigerados tenía”.

José Orué Rolandi ejerció el cargo desde el 2012 y la adjudicación se dio a inicios del 2013, específicamente en febrero. La causa se abrió en ese mismo año y el proceso se dilató bastante.

La propietaria de la empresa es Nancy Godoy y el perjuicio está en un monto de 3.642.442.072 guaraníes. Gloria Arroyo, Araceli Cotillo, Carlos Centurión y Laura Gamarra son declarados cómplices y remitidos asimismo a prisión.

“Se compraron alimentos no autorizados por la INAN, cambiaron de marca y compraron alimentos no aptos para el consumo humano. Todo esto forma parte de algunas de las irregularidades”, explicó el fiscal Estigarribia.

Reconoció que “fue un caso sensible y grave dentro del contexto que se dio” y que “no sé qué otro hecho puede ser tan grave como este. La empresa de maletín era su propio proveedor, se compraba a sí mismo”.

Incluso mencionó que “bajaron el presupuesto de 29 mil a 26 mil millones para beneficiar a la empresa adjudicada” y que todas estos detalles presentaron como agravantes para solicitar la pena de siete años.

“Esos agravantes pueden elevar las penas de seis meses a cinco o diez años en casos especialmente graves. La Fiscalía pidió siete años con diez meses”, indicó.

Sin embargo, la sentencia final fue de cuatro años, mientras que los cómplices guardarán prisión por dos años y medio.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.