Poco después de las 08:00 de este lunes arrancó el juicio oral y público en la sala N° 1 del segundo piso de la sede del Poder Judicial.

Vilmar “Neneco” Acosta es sindicado por el Ministerio Público como el autor moral del asesinato del periodista Pablo Medina (53), y su acompañante, Antonia Almada (19).

El Tribunal de Sentencia designado para esta causa está integrado por los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Benito González y Yanine Ríos.

Según informó la periodista de la 970, Ana Ferreira, el juicio oral y público se trasladó de Salto del Guairá a Asunción por cuestiones de seguridad, además de que se trata de un juicio mediático considerando que el periodista asesinado trabajaba en el diario ABC Color.

Los fiscales acusadores que representan al Ministerio Público son Sandra Quiñónez y Vicente Rodríguez, mientras que la defensa de Vilmar “Neneco” Acosta está integrada por los abogados Vicente Alderete y Ricardo Paredes.

“Tenemos pericias documentales, otros medios de prueba, entre ellos la constitución en el lugar del hecho que hemos solicitado al Tribunal de Sentencia. El Ministerio Público va a demostrar en este lapso del juicio a través de todos los medios probatorios la responsabilidad de Vilmar Acosta Marques en el grado de instigador del hecho”, manifestó Sandra Quiñónez a los medios de comunicación.

El Ministerio Público presentará un total de 42 testigos, entre ellos la hermana de Antonia Almada, Juana Ruth Almada, quien también estuvo en el momento del atentado y logró sobrevivir.

Una de las posibilidades para este juicio oral y público es que la defensa de “Neneco” Acosta recuse a los miembros del Tribunal o al propio Ministerio Público, intentando dilatar el proceso y postergar así la continuación del mismo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.