En la entrevista divulgada en el programa “Santo y Seña” del Canal 4 de Uruguay, Marset habló sobre varios temas, incluyendo la causa que lo involucra en Paraguay en el marco del operativo “A Ultranza PY”.

“Para mí esa operación no tiene muchas raíces, sí puedo estar involucrado pero hay muchas cosas que no son como las cuentan”, afirmó el narco uruguayo desde la clandestinidad en charla con la periodista Patricia Martin.

Asimismo, dijo que existen pocos fundamentos para incriminarlo en esta causa, deslindándose de las acusaciones de las autoridades paraguayas. “De todo lo que incautaron en esa operación, no tienen nada (contra mí)”.

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También habló sobre la empresa registrada a nombre de su esposa Gianina García Troche, supuestamente utilizada para el lavado de dinero, y sostuvo que al mudarse a Uruguay ya no pudieron tuvieron forma de utilizar dicha firma. “No sé de dónde sacan ellos, hablan de miles de millones de guaranies, es pura historia eso”.

Al ser consultado sobre su supuesta vinculación con la muerte de Marcelo Pecci, tal y como se mencionó tiempo atrás, Marset negó categóricamente tener nexo con el asesinato del exfiscal. “No tengo ni un 0,1% que ver en eso, no existe nada mío en eso. No conocí a Marcelo Pecci, lo conocí cuando escuché (sobre el caso) en la tele. Erarron feo, no hay nada contra mí en ese caso”.

Sobre el tema, dijo haber sacado un video filmado desde su celular -también desde la clandestinidad- para expresarse al respecto y desmentir las acusaciones vertidas ya que “era la única forma de defenderse” en ese momento. “Por suerte las cosas están saliendo a la luz”.

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“Cuando hablan de Sebastián Marset, dicen dicen…quiero ver algún día. Si me capturan, quiero ver de todo lo que dicen de qué tienen pruebas”, expresó, reiterando nuevamente la falta de evidencias que lo incrimen en los hechos de los que se le acusa en Paraguay y Bolivia. Asimismo, afirmó no tener alianzas con ninguna facción criminal.

Sobre el pasaporte falso con el que llegó a ser detenido años atrás en Dubai, dijo que tramitó dicho documento sin tener que recurrir a ninguna coima y utilizando los conductos legales. “No fue (un pasaporte) express”.

“El 90% de lo que dicen es mentira”, sostuvo al referirse a las acusaciones vertidas desde Bolivia, último país del que se tienen registros de su estadía. Apuntó contra el ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, y lo culpó de supuestamente acusarlo de manera infundada.

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También desmintió haber ordenado el secuestro de un agente policial durante el operativo en Santa Cruz de la Sierra y confirmó que en aquella oportunidad sí recibió la información previa de que planeaban capturarlo. “Me avisaron (del procedimiento), entonces agarré dos valijas y me fui”.

Al preguntarle su percepción sobre la justicia, admitió que desconfía de las autoridades bolivianas más que de las de Paraguay, aunque desde su perspectiva, ambos son países corruptos. “No confío en nada de ellos”.

En otro momento, también dijo que existen “personas inocentes procesadas”. Acto seguido, mencionó a Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, y manifestó que “lo metieron en una cárcel y lo tienen aislado porque puede decir muchas cosas acerca de la política y la corrupción”. “Es mas por eso”, añadió.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.