Las declaraciones del sicario Francisco Correa no resisten ningún análisis y carecen de sustento y valor probatorio. Son varios los puntos que des­virtúan por completo su ver­sión sobre quiénes ordenaron asesinar al exfiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia.

Durante el desarrollo del jui­cio por el homicidio del fis­cal Marcelo Pecci, el pasado viernes, el sicario Francisco Correa formuló graves acu­saciones, a la espera de que el principio de oportunidad lo beneficie con la reducción de la elevada pena e incluso con la posibilidad de quedar en libertad por su colaboración en el proceso investigativo.

El fiscal de asuntos interna­cionales Manuel Doldán con­firmó que Francisco Correa declaró el 4 de junio de 2022 que Pecci supuestamente había perjudicado a una per­sona querida por un “expre­sidente” o “presidente” o “patrón”; sin embargo, sus expresiones carecen de sus­tento, ya que aludió que esa persona estuvo en una cárcel de Francia y el punto no coin­cide con ningún paraguayo que se conozca.

Esta incoherencia coincide con el dato revelado por el fiscal Doldán, quien compar­tió un mensaje que recibió de parte de una alta autoridad colombiana a la que, por res­peto y discreción, no puede mencionar.

“La verdad es que Francisco Luis en este momento tiene en su cabeza una realidad distorsionada, producto de la información que él cono­ció, de manera directa e indirecta, pero también de lo que escucha en medios de prensa locales e internacio­nales, y de las teorías especu­lativas que se generan en los medios”, expresa el mensaje de la autoridad colombiana, que lo leyó el propio Doldán al aire, en una entrevista con Abc Cardinal.

Hace un año, en su pri­mera declaración, los inves­tigadores preguntaron a Correa sobre la identidad del supuesto expresidente impli­cado, pero respondió que des­conocía su nombre. Tras esa declaración de Correa vinie­ron a Paraguay el director de la Policía Judicial de Colom­bia y agentes de la DEA con el objetivo de investigar en deta­lle las causas que investigaba el fiscal Pecci. Tras esa visita no pudo recopilarse ningún dato que sustente las expre­siones del sicario.

¿Por qué sorpresivamente ahora sí lo recuerda? ¿Mintió hace un año o lo está haciendo ahora para mostrar una supuesta actitud colaborativa con la justicia para acogerse a los beneficios? ¿O estaría reci­biendo alguna directriz de los narcotraficantes con quienes mantiene contacto en prisión? Son preguntas que, por ahora, quedan sin respuesta.

Francisco Luis Correa Galeano está acusado por homicidio agravado y fabri­cación, tráfico, porte o tenen­cia de armas de fuego, ya que habría articulado y planeado el homicidio de Marcelo Pecci, desde la ciudad de Medellín, inclusive liderando reunio­nes para asignación de roles, entregando dinero y armas a los demás implicados, y en tal sentido, la Fiscalía de Colombia requeriría una pena de más de 50 años de cárcel para el ahora encausado. Por el momento su condición es la de testigo, pero desde el 19 de enero de 2024 deberá enfren­tar juicio por su activa partici­pación en el crimen del fiscal Marcelo Pecci.

Francisco es un exmilitar, se habría retirado del Ejército para posteriormente formar parte de la banda criminal Los Paisas, quienes opera­ron por años en el marco del paramilitarismo en Colom­bia. El sujeto fue capturado junto a otras cuatro perso­nas en junio de 2022 y fue el único vinculado al cri­men, que no aceptó los car­gos. Luego, tras un acuerdo con la Fiscalía de Colombia para eventualmente bene­ficiarse con el principio de oportunidad, decidió apor­tar información.

Desde la semana pasada enfrenta juicio otra de las implicadas en el crimen de Marcelo Pecci. Se trata de Margareth Chacón, acusada de formar parte del esquema de los hermanos Pérez Hoyos. En el marco de la audiencia y ante la falta de consistencia en la argumentación del “testigo” de la Fiscalía, el abogado Luis Henriquez, quien es defen­sor de Chacón, impugnó las declaraciones del sicario, no solamente por las incoheren­cias y los llamativos “olvidos”, sino porque el acusado admi­tió que habló exclusivamente para acogerse a los beneficios del principio de oportunidad.

Otras de las llamativas incoherencias en la decla­ración de Francisco Correa es que, según su nueva ver­sión, supuestamente Mar­celo Pecci investigó y apresó a un hermano de Horacio Car­tes y de Miguel Insfrán, y que por eso se habría ordenado su muerte. Sin embargo, en rea­lidad el exfiscal Pecci no tenía en sus carpetas a Cartes ni a nadie de su entorno, con lo cual se desbarata de raíz este argumento.

Correa en sus primeras declaraciones, en junio del año pasado, dijo que había un Chino que tuvo un papel determinante en el homicidio. “Yo no lo conozco ni sé quién es, pero siempre que hablaba con Ramón y con Andrés, ellos me hacían referencia al Chino. Sé que es ciudadano chino o asiático, ellos me lo referían como intermedia­rio entre un narcotraficante de nacionalidad paraguaya y otro al que le decían El Pre­sidente. Creo que es expresi­dente del Paraguay”, respon­dió aquella vez.

Pero en su declaración del viernes pasado, Correa ya omitió al Chino en el relato y dijo que Tío Rico y el expresi­dente fueron los que contac­taron con los hermanos Pérez Hoyos y Margareth Chacón.

Otro aspecto más que llama­tivo es que las personas a las que decía desconocer y de las que ni siquiera estaba seguro quiénes eran, repentina­mente aparecen con nombre y apellido: Miguel Ángel Ins­frán y Horacio Cartes.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, informó que de momento no hay nada nuevo en el horizonte inves­tigativo del caso Pecci, según analizaron en una reunión telemática con Colombia. También recordó que el acusado está en busca de una salida negociada y que no tiene una credibilidad asentada.

Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.