Las declaraciones del sicario Francisco Correa no resisten ningún análisis y carecen de sustento y valor probatorio. Son varios los puntos que des­virtúan por completo su ver­sión sobre quiénes ordenaron asesinar al exfiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia.

Durante el desarrollo del jui­cio por el homicidio del fis­cal Marcelo Pecci, el pasado viernes, el sicario Francisco Correa formuló graves acu­saciones, a la espera de que el principio de oportunidad lo beneficie con la reducción de la elevada pena e incluso con la posibilidad de quedar en libertad por su colaboración en el proceso investigativo.

El fiscal de asuntos interna­cionales Manuel Doldán con­firmó que Francisco Correa declaró el 4 de junio de 2022 que Pecci supuestamente había perjudicado a una per­sona querida por un “expre­sidente” o “presidente” o “patrón”; sin embargo, sus expresiones carecen de sus­tento, ya que aludió que esa persona estuvo en una cárcel de Francia y el punto no coin­cide con ningún paraguayo que se conozca.

Esta incoherencia coincide con el dato revelado por el fiscal Doldán, quien compar­tió un mensaje que recibió de parte de una alta autoridad colombiana a la que, por res­peto y discreción, no puede mencionar.

“La verdad es que Francisco Luis en este momento tiene en su cabeza una realidad distorsionada, producto de la información que él cono­ció, de manera directa e indirecta, pero también de lo que escucha en medios de prensa locales e internacio­nales, y de las teorías especu­lativas que se generan en los medios”, expresa el mensaje de la autoridad colombiana, que lo leyó el propio Doldán al aire, en una entrevista con Abc Cardinal.

Hace un año, en su pri­mera declaración, los inves­tigadores preguntaron a Correa sobre la identidad del supuesto expresidente impli­cado, pero respondió que des­conocía su nombre. Tras esa declaración de Correa vinie­ron a Paraguay el director de la Policía Judicial de Colom­bia y agentes de la DEA con el objetivo de investigar en deta­lle las causas que investigaba el fiscal Pecci. Tras esa visita no pudo recopilarse ningún dato que sustente las expre­siones del sicario.

¿Por qué sorpresivamente ahora sí lo recuerda? ¿Mintió hace un año o lo está haciendo ahora para mostrar una supuesta actitud colaborativa con la justicia para acogerse a los beneficios? ¿O estaría reci­biendo alguna directriz de los narcotraficantes con quienes mantiene contacto en prisión? Son preguntas que, por ahora, quedan sin respuesta.

Francisco Luis Correa Galeano está acusado por homicidio agravado y fabri­cación, tráfico, porte o tenen­cia de armas de fuego, ya que habría articulado y planeado el homicidio de Marcelo Pecci, desde la ciudad de Medellín, inclusive liderando reunio­nes para asignación de roles, entregando dinero y armas a los demás implicados, y en tal sentido, la Fiscalía de Colombia requeriría una pena de más de 50 años de cárcel para el ahora encausado. Por el momento su condición es la de testigo, pero desde el 19 de enero de 2024 deberá enfren­tar juicio por su activa partici­pación en el crimen del fiscal Marcelo Pecci.

Francisco es un exmilitar, se habría retirado del Ejército para posteriormente formar parte de la banda criminal Los Paisas, quienes opera­ron por años en el marco del paramilitarismo en Colom­bia. El sujeto fue capturado junto a otras cuatro perso­nas en junio de 2022 y fue el único vinculado al cri­men, que no aceptó los car­gos. Luego, tras un acuerdo con la Fiscalía de Colombia para eventualmente bene­ficiarse con el principio de oportunidad, decidió apor­tar información.

Desde la semana pasada enfrenta juicio otra de las implicadas en el crimen de Marcelo Pecci. Se trata de Margareth Chacón, acusada de formar parte del esquema de los hermanos Pérez Hoyos. En el marco de la audiencia y ante la falta de consistencia en la argumentación del “testigo” de la Fiscalía, el abogado Luis Henriquez, quien es defen­sor de Chacón, impugnó las declaraciones del sicario, no solamente por las incoheren­cias y los llamativos “olvidos”, sino porque el acusado admi­tió que habló exclusivamente para acogerse a los beneficios del principio de oportunidad.

Otras de las llamativas incoherencias en la decla­ración de Francisco Correa es que, según su nueva ver­sión, supuestamente Mar­celo Pecci investigó y apresó a un hermano de Horacio Car­tes y de Miguel Insfrán, y que por eso se habría ordenado su muerte. Sin embargo, en rea­lidad el exfiscal Pecci no tenía en sus carpetas a Cartes ni a nadie de su entorno, con lo cual se desbarata de raíz este argumento.

Correa en sus primeras declaraciones, en junio del año pasado, dijo que había un Chino que tuvo un papel determinante en el homicidio. “Yo no lo conozco ni sé quién es, pero siempre que hablaba con Ramón y con Andrés, ellos me hacían referencia al Chino. Sé que es ciudadano chino o asiático, ellos me lo referían como intermedia­rio entre un narcotraficante de nacionalidad paraguaya y otro al que le decían El Pre­sidente. Creo que es expresi­dente del Paraguay”, respon­dió aquella vez.

Pero en su declaración del viernes pasado, Correa ya omitió al Chino en el relato y dijo que Tío Rico y el expresi­dente fueron los que contac­taron con los hermanos Pérez Hoyos y Margareth Chacón.

Otro aspecto más que llama­tivo es que las personas a las que decía desconocer y de las que ni siquiera estaba seguro quiénes eran, repentina­mente aparecen con nombre y apellido: Miguel Ángel Ins­frán y Horacio Cartes.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, informó que de momento no hay nada nuevo en el horizonte inves­tigativo del caso Pecci, según analizaron en una reunión telemática con Colombia. También recordó que el acusado está en busca de una salida negociada y que no tiene una credibilidad asentada.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.