En la diligencia de legalización de captura, los detenidos aceptaron cargos por el delito de Homicidio Agravado en Concurso Material y Heterogéneo con el delito de Porte Ilegal de Armas Agravado.

Los sindicados fueron detenidos en Bogotá y Rionegro (Antioquia), en la madrugada del 14 de enero pasado en los allanamientos realizados por los investigadores.

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En el marco de la investigación del homicidio del fiscal delegado de Crimen Organizado, Marcelo Pecci y durante la citada audiencia, Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, señalados por las autoridades colombianas y de Estados Unidos como narcotraficantes que tuvieron relación con el crimen del fiscal paraguayo, fue revelado que estos hermanos ofrecieron 1.500 millones de pesos para cometer este crimen.

Asimismo, se les manifestó a los acusados que, de aceptar su responsabilidad en el hecho, podrían acceder a una rebaja de pena de hasta el 50%, motivo por el cual podrían ser sentenciados a 21 años. La audiencia, que duró casi tres horas y media, continua este lunes.

De acuerdo con el juez, la Fiscalía determinará qué tipo de medida solicitará para ambos acusados. La entidad también evidenció que se pagaron 100 millones de pesos para viáticos, gastos de hoteles y alimentación; 600 millones para los que participaron del homicidio y 200 millones de pesos para el articulador.

La Fiscalía dejó ver que Ramón Emilio Pérez Hoyos perteneció en el pasado al grupo ilegal los ‘Paisas’ y además, que siempre trabajo con las auto defensas.

Marcelo Pecci, fiscal delegado de la Unidad Especializada de Crimen Organizado de nuestro país, fue víctima de un atentado el 10 de mayo de 2022, en Barú, Colombia.

En la causa, ya fueron condenados Wendre Carrillo, Eiverson Zabaleta, Marisol Londoño, Cristian Camilo Monsalve Londoño a más de 23 años de cárcel, por el crimen.

El presunto cerebro del asesinato, Francisco Luis Correa no reconoció su responsabilidad y está en etapa de juicio, con audiencia pospuesta para este año 2023.

En relación a la investigación, también fue detenido Gabriel Salinas Mendoza, quien había logrado fugarse del país solo días después de perpetrar el homicidio y fue detenido en Caracas, Venezuela y podría ser procesado en ese país, con transferencia internacional de actuaciones penales.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.