Con bastante retraso comenzó este miércoles la audiencia por el juicio oral de Margareth Chacón Zúñiga, procesada por homicidio agravado, en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. La mujer, según la Fiscalía Colombiana, participó activamente en las reuniones de coordinación en las que se planeó el asesinato de Marcelo Pecci. Viajó a Cartagena días antes del hecho y distribuyó el dinero para la logística. La procesada es esposa de Andrés Pérez Hoyos.

Durante la audiencia de hoy declaró uno de los marcadores del crimen, Cristian Camilo Monsalve, pero no así, los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos.

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Cuando llegó el momento en que las autoridades debían comunicarse con el Centro Penitenciario de Cómbita para interrogar a los condenados, no fue posible establecer ese contacto, que, en teoría, estaba previsto.

Según la jueza, el despacho no hizo los respectivos oficios con la debida antelación al centro penitenciario Cómbita para la conexión, algo que, se debió a “una omisión involuntaria tanto por parte de la defensa como por parte del Juzgado”, en atención a la dinámica propia del sistema penal acusatorio, es decir, que las partes hagan concurrir a sus testigos a las diligencias.

“Hubo un problema de comunicación, lo que impidió la conexión de estos testigos. Aunque quisimos solucionar ese impasse con el fin de no fracasar la diligencia, no fue posible, pues los trámites penitenciarios siempre llevan algo de tiempo y por eso, se suspende y se continuará con ella el viernes a las 9:00 de la mañana”, anunció la magistrada.

Al respecto, el fiscal de Colombia, advirtió que, para una conexión oportuna se exigen cinco días de anticipación y que, hará “hasta lo imposible” por concretar las gestiones, pero que, de lo contrario, el juicio no podrá reanudarse el viernes.

Por su parte, la defensa de arguyó que, si bien acepta la responsabilidad, ya se había dicho en la audiencia anterior quiénes eran los testigos y que estaban privados de la libertad en la cárcel, con lo cual, él pensó que la audiencia podía desarrollarse sin problemas.

“Yo asumí que, como normativamente, se hacen las citaciones que son por secretaría y que hasta se solicita el acompañamiento de las autoridades para el cumplimiento de las citaciones y que, eso se hace a través de oficios por la secretaría del despacho, no por eso dejo de asumir también mi parte de responsabilidad”, concluyó y la diligencia concluyó.

La audiencia de hoy era clave, porque los hermanos Pérez Hoyos, ya condenados por el homicidio de Pecci, son los únicos que hasta ahora guardaron silencio y se limitaron a aceptar la culpa. Se esperaba que hoy pudiera aportar datos fundamentales, y que, pudieran responder quién o quiénes ordenaron la muerte de Pecci.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.