Parte del informe de la auditoría médica realizada por la Superintendencia de Salud al sanatorio Migone señala que se visualiza, a través de las imágenes de circuito cerrado, “una falta de liderazgo en un área donde debe primar órdenes claras y sistemáticas con un nivel de respuesta inmediata. Ya que para la activación del código rojo desde el primer aviso de urgencia pediatrica pasaron varios minutos para ser activado por profesional que se encontraba de manera circunstancial en el lugar, existiendo otros profesionales de guardia presenten en ese momento”.

Destaca que los profesionales de salud presentes en el box del área de urgencia “no se ajustaron al compromiso de poner en práctica los principios y fundamentos éticos, respetando la dignidad humana y solidaridad”.

Señala que los profesionales que se encontraban en el box de médicos, al momento de la solicitud de ayuda realizada por al madre de Renato “no han actuado de forma empática que obliga a todo profesional de salud a realizar mínimamente los cuidados ante el reclamo y solicitud de ayuda. Se observa la falta de compromiso asumido al inicio de la carrera médica con el Juramento Hipocrático, debiendo todo profesional médico prestar ayuda ante cualquier llamado o solicitud de pedido de auxilio”.

El informe firmado por la doctora Estela Quiñónez Meza, jefa del Departamento de Auditoría Médica fue entregado ayer en la Unidad Penal Nº 14 del Ministerio Público.

La conclusión se basa en el análisis del expediente clínico, verificaciones in situ, estudios realizados, descargo de profesionales involucrados en al atención directa y video arrimado al expediente ya que en el vídeo no enfoca el área donde se realiza la atención personalizada del paciente.

En cuanto al área de urgencia del Sanatorio Migone se concluye que la institución cuenta con protocolo de RAC – TRIAJE, implementado para clasificación de pacientes y que se ajustó a las normas con la clasificación de riesgo de paciente, RAC realizado al niño a su ingreso con clasificación tres – amarillo.

El informe concluye que al momento de la verificación el centro asistencial contaba con Carro de Paro con precinta de seguridad para garantizar la custodia de elementos allí contenidos, tienen anexo listado de insumos y medicamentos con registro diario, protocolo para manejo de reposición de los mismos, utilizados en caso de urgencias o emergencias.

El área de urgencias es compartida por niños y adultos, cuentan con un box referido como sala de aislado pediátrico y reposición donde fue internado.

“Al momento de la verificación por parte de la auditoría médica del lugar de Urgencias en fecha 5 de setiembre de 2019 contaban con los insumos necesarios y equipos, incluyendo sistemas o paneles de gases medicinales y vacíos funcionando”, indica el informe.

Entre las recomendaciones al sanatorio se menciona que este realice la readecuación del área de Urgencias, la designación de un Coordinador Médico responsable del Área de Urgencias y la implementación del protocolo para prescripción médica, escrita, legible y autorizada.

Además, el informe sugiere a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependencia del MSP que realice una pericia sobre eventuales efectos adversos de los medicamentos utilizados en el tratamiento del niño Renato con ondansetron y ceftriazona.

Desde la familia, afirman que el informe no es conclusivo y no están conformes debido a que no incluye sanciones ni condenas sino solo realiza recomendaciones además de inconsistencias en las declaraciones de la Doctora Laura Sena, pediatra que atendió a Renato quien afirma que el Doctor Antonio Arbo fue quien dio indicación de aplicar el ondansetron, vía telefónica, siendo que él solo indicó la aplicación de antibiótico.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.