El abogado Álvaro Arias, representante legal dos de los tres alumnos del Colegio San José que fueron denunciados por la brutal golpiza a otro menor, explicó a HOY Digital que la supuesta víctima se realizó tres inspecciones médicas luego de ocurrido el hecho.

Arias comentó que el fiscal de la causa, solicitó un informe médico al pediatra particular del menor, el doctor Tomás Mateo Balmelli, quien concluyó que el chico “no tenía reacciones, que refería dolor pero no poseía lesiones corporales”. Esta revisión fue realizada el 31 de mayo, una semana después de la agresión.

El chico también fue revisado el 29 de mayo por el doctor Luis Costas Gastiaburo, un conocido médico otorrinolaringólogo, quien informó al fiscal Corvalán que nos se evidenció lesiones traumáticas ni moretones en en el menor, y que sí poseía una obstrucción valvular nasal izquierda, que podría ser a causa de una de una cirugía realizada en el 2010.

Estos dos informes sin embargo, no condicen con la inspección realizada en el Hospital del Trauma que sostiene que el menor presentó un traumatismo facial: fractura más desviación del tabique nasal.

El abogado Arias refirió que el informe del Hospital del Trauma podría señalar el problema de la cirugía y no la agresión propiamente. “Nosotros damos importancia a los informes de los dos médicos”, sostuvo.

“Estamos seguros de que no hay lesiones graves como están sosteniendo”, dijo el abogado.

Por último, precisó que la Fiscalía debería desistir de la causa, a raíz de estas situaciones planteadas.

LA VERSIÓN DEL PADRE: LO QUE SIRVE ES EL CERTIFICADO DEL HOSPITAL DEL TRAUMA

Pedro Benítez, padre del alumno de 15 años, manifestó a la 970 AM que lo que sirve en esta situación es el certificado médico del Hospital del Trauma, ya que hay se inicia la revisión del chico para el juicio en sí.

Explicó que en el lugar se le revisó al chico y se le le hicieron los estudios correspondientes para el diagnóstico y la denuncia.

“Yo no sé a qué quieren llegar, ¿Querían verle muerto a la criatura para que este caso se tome como se tiene que tomar?”, señaló.

Denunció que los chicos estaban siendo coaccionados y torturados por parte de los alumnos mayores. “Primeramente les exigían dinero, después les pedían plata. Hay que tener un poco más de humanidad”, dijo Benítez.

Resaltó además que, a raíz de lo ocurrido con su hijo, muchos casos están saliendo a la luz porque “van perdiendo el miedo de hablar”.

Reiteró su pedido de desvinculación de los institución a los agresores de su hijo.“Acá la solución es que se les expulse”, concluyó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.