El juicio oral a la odontóloga Lilia Espinoza y la bioquímica Sandra Hermosa, procesadas por el homicidio culposo de Sol Chávez, continúa este viernes 28 de julio, y la querella también solicita que a ambas mujeres se les imponga la prohibición de ejercer la profesión.

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La querella adhesiva de la familia de la víctima señala que existen suficientes elementos que demuestran la mala praxis y la culpabilidad de ambas profesionales en la muerte de la joven.

La Dra. Lilia Graciela Espinoza está acusada de recetar flúor en exceso a la joven Sol Chávez, quien seguía un tratamiento odontológico con la referida profesional. Según la indicación, la paciente debía consumir al día, 2 pastillas de flúor de 1 gramo cada una por 14 días, esta dosis fue letal.

En tanto, Sandra Hermosa, químico farmacéutica, fue quien realizó el preparado señalado en la receta.

Sol Chávez había iniciado el 9 de abril del 2021 el tratamiento con la odontóloga Lilia Graciela Espinoza de Rodríguez, cuyo consultorio se encontraba ubicado en Asunción.

Ese mismo día, la joven se sintió mal y fue derivada a un sanatorio donde sufrió un infarto y fue reanimada durante 30 minutos, pero nada se pudo hacer. Sol falleció por intoxicación aguda.

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En la tarde de este lunes se reportó un violento asalto a mano armada en el depósito de la empresa “Gonzalito”, ubicado en el barrio San José de Ciudad del Este.

Una banda conformada por tres a cuatro malvivientes llegó al lugar a bordo de un vehículo de la marca Toyota tipo Hiace de color gris para cometer este golpe.

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Primeramente, dos de los criminales simularon ser proveedores de mercaderías, convenciendo al encargado para que les pueda abrir el portón de acceso al depósito.

Fue en ese preciso instante en que los delincuentes dieron la voz de asalto y aparecieron sus demás cómplices, encañonando a los empleados que se encontraban de turno.

Luego de reducir a todo el personal, los autores ingresaron al sector donde se encontraban varias cajas de teléfonos celulares, las cuales llevaron consigo para así poder darse a la fuga nuevamente.

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Según el reporte, los asaltantes se alzaron con alrededor de 150 smartphones de alta gama, valuados en una considerable suma de dinero.

No se descarta la participación de algún exfuncionario o empleado infiel que haya brindado datos precisos para facilitar la ejecución del atraco.

Durante el control de rutina, el escáner detectó un bulto sospechoso que contenía las aves en condiciones no declaradas. El pasajero presentó un certificado veterinario emitido en el aeropuerto de origen, pero no contaba con el Certificado Veterinario Internacional (CVI), exigido para el ingreso legal de animales al país. Ante esta situación, se activaron los protocolos establecidos y se dio intervención a los organismos competentes.

La DNIT procedió a la entrega oficial de las aves al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), institución responsable de dar trámite y resguardo sanitario al caso. Asimismo, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y el Ministerio Público fueron notificados, conforme a la normativa vigente.

Si bien los canarios no pertenecen a una especie en peligro de extinción y no requieren certificado CITES, su ingreso al territorio nacional debe estar respaldado por documentación sanitaria específica, como exige la normativa nacional e internacional.

La DNIT recuerda que Paraguay está comprometido con el cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre el comercio de animales y productos de origen animal, en el marco de la protección de la fauna, la salud pública y la seguridad fronteriza. Estos controles forman parte de los esfuerzos coordinados del país para prevenir ilícitos y preservar el medioambiente.

Migraciones informó sobre un reciente procedimiento llevado a cabo en el paso fronterizo entre Infante Rivarola (Paraguay) y Cañada Oruro (Bolivia).

Se trata de un control aleatorio llevado a cabo en conjunto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y que permitió frustrar la salida irregular de una menor de edad.

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Se trata de una adolescente de 15 años, quien al momento de la verificación no contaba con ninguna documentación que certifique su identidad o salida legal del país.

La misma viajaba a bordo de un camión de carga, en compañía de una mujer de 20 años —que manifestó ser su hermana— y un ciudadano boliviano de 48 años, quien iba como chofer.

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Luego de demorar el vehículo de gran porte, la menor fue puesta bajo resguardo en el puesto de control, a fin de poder derivarla a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Filadelfia.

Por otra parte, el conductor quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones pertinentes, teniendo en cuenta la irregularidad detectada por las autoridades paraguayas.