Los acusados son el ciudadano español Jesús González, esposo de la víctima, y los venezolanos Juan Criollo, Humberto Palmar, Thomás Ramírez, Miguel Duvergel, Ericson Machado, Jean Fernández, Deivis Valero, Fabiola Machado, Leonardo Moreno, Oscar González, Leida Pimentel, Desiré Ocando y Genovez Corso.

El Ministerio Público solicitó a un tribunal del estado de Zulia, “la admisión de la acusación y el enjuiciamiento de las 14 personas, así como que se mantenga la medida privativa de libertad” de todos los procesados que permanecen recluidos en la policía del municipio San Francisco, según destaca el diario El Universal de Venezuela.

Al esposo de Cristaldo López se le acusa de ser el “determinador” del delito de “femicidio agravado, asociación para delinquir y simulación de hecho punible”, señala la Fiscalía.

Duvergel, Fabiola Machado, Moreno, Oscar González y Pimentel figuran como “cómplices necesarios” del crimen cometido el pasado 15 de diciembre de 2014.

Mientras que Criollo, Palmar, Ramírez, Ericson Machado, Fernández y Valero son “presuntos cómplices no necesarios en la ejecución de los citados delitos”.

Adicionalmente, Ocando ha sido acusada por aprovechamiento de cosas provenientes del delito; mientras que a Corso le acusaron por posesión ilícita de arma de fuego.

Las autoridades indicaron que el español planeó el crimen, con el fin de cobrar el seguro de vida de Cristaldo de 100.000 euros.

El matrimonio, que había contraído nupcias en mayo del pasado año, tomó un taxi no regularizado y el conductor los llevó a un lugar apartado de un popular barrio de Maracaibo en el estado de Zulia.

González narró entonces que él y su pareja fueron trasladados a un descampado donde un grupo de maleantes los esperaban y que, tras robarles, les instaron a abandonar el lugar corriendo y sin mirar atrás mientras les disparaban.

En el momento en el que huían, uno de los disparos alcanzó en la cabeza a Cristaldo, que posteriormente falleció.

Sin embargo, Duveroel, amigo del esposo de la víctima, confesó poco después a las autoridades que el crimen había sido planeado por él y González para cobrar el seguro de vida de la mujer y por el que habrían pagado unos 2.000 euros a los autores materiales.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.