La agente fiscal Estela Mary Ramírez formuló una nueva imputación contra César Rafael González (34), alias “Salas’i”, esta vez por tentativa acabada de homicidio doloso, robo agravado y asociación criminal. Con anterioridad, lo había imputado tanto a él como a un cómplice de nombre Esteban Diosnel Irala Guillén por un caso de doble homicidio. Éste último permanece prófugo.

La presente investigación refiere, que el 6 de julio pasado, el hoy encausado habría participado en un atraco a un depósito de mercaderías, propiedad de Milciades Flores Casco. En la ocasión, a las 03:00 horas de la madrugada, César González y otras cinco personas irrumpieron en el local situado sobre la avenida Eusebio Ayala y Luis María Argaña, en el microcentro de Ciudad del Este.

Los presuntos asaltantes llegaron al lugar a bordo de dos vehículos diferentes, redujeron a tiros a un guardia de seguridad de la empresa SAG, de nombre Bernardo Ramón Otazú Ayala, quien resultó herido con un disparo en el tobillo izquierdo. Luego, se apoderaron de un lote de mercaderías, incluyendo Vaper, perfumes, equipos de gimnasio y otros artículos.

Agentes policiales alertados llegaron al lugar y fueron recibidos a tiros por los sospechosos. Posteriormente, tras varios allanamientos, la Fiscalía recuperó parte de los objetos robados y también detuvo al hoy imputado durante un allanamiento realizado en el barrio San Rafael de la capital del Alto Paraná.

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Erick Urueta, veedor judicial de Colombia, señaló que de confirmarse esa versión, y que EEUU tenga pruebas de que los asesinos ingresaron de ese modo a su esquema legal, corresponderá la extradición de los sujetos ya condenados en Colombia.

“Lo que sí está claro es que para que EEUU pida extradición de estas personas es porque se cometió una conducta delictiva en EEUU, a pesar de que el crimen fue en Colombia. Si se llega a demostrar que uno de los bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar el crimen, estaríamos frente a una legalidad acerca de que ese país pida la extradición. Eso es lo que cree EEUU”, manifestó Urueta en comunicación con la 1020 AM.

Enfatizó que con la evolución de las investigaciones, en Colombia existe la convicción de que se puede llegar hasta la persona que ordenó matar a Pecci.

“No es una retaliación a ese pedido de extradición. Se está solicitando una reunión urgente con la Fiscalía de Colombia para tratar ese asunto, pero no se pueden ir a EEUU si no llegamos a los autores intelectuales y yo creo que tarde o temprano lo haremos”, acotó.

El funcionario colombiano significó que la pesquisa de la DEA, podría desembocar en dilucidar las conexiones que se tejieron en torno al magnicidio.

“Pienso que se debe determinar si el fiscal Pecci fue asesinado por alguna persona intelectualmente que esté relacionada con actos delictivos en EEUU. Tiene que demostrarse muchos elementos probatorios que demuestren que estas conductas afectaron a ese país”, concluyó Urueta.

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Jara quedó con graves heridas como consecuencia del arrollamiento. Esto ya demandó muchos gastos médicos, según indicó, además de la imposibilidad de retomar su trabajo en la entidad comunal. Su cuadro empeora, considerando que la mujer está en tratamiento para someterse a una cirugía, explicaron familiares.

La agente Jara de la Unidad Operacional N° 2 se encontraba dirigiendo el tránsito cuando fue embestida por un automóvil.

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El arrollamiento quedó grabado por las cámaras de vigilancia. En las imágenes se observa a la uniformada cuando es atropellada por un conductor que pretendía incorporarse a la Avenida Mariscal López desde una de las arterias transversales (calle Bernardino Caballero).

Se observa también a la agente que estaba permitiendo la circulación de los vehículos que transitaban sobre Bernardino Caballero y que en ese momento se dispuso a detener el paso de los automovilistas para volver a habilitar la avenida Mariscal López. Allí el conductor la embiste, por lo que se verifica la negligencia de Delgado Ayala, que no prestó atención a la funcionaria comunal.

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Los últimos tres episodios de violación a mujeres, los cometió en una semana, y hay otros seis casos denunciados que no se formalizaron por temor de las victimas, según señala la concejal ovetense Rossana Bogado, quien indicó que la presunción que tienen los investigadores, es que el sujeta acciona del modo como lo hace, para evitar huellas de ADN que pudiera llevar a su identificación.

“Es bastante llamativo el modo como toma precauciones para cometer los abusos, a fin de ser detectado”, dijo Bogado en comunicación con la 1020 AM.

En todos los caos reportados, se menciona al victimario como una persona baja y robusta, que amenaza a sus victimas con cuchillo, y que ingresa las casas en donde viven mujeres solas, generalmente jóvenes, conforme observan policías que están tras los pasos del criminal.

En el más reciente episodio (el viernes pasado) la mujer que sufrió el ataque, llegó a arrebatar el cuchillo al sujeto, con el que le ocasionó una herida cortante en el pecho, lo cual hizo que el atacante huyera.

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