Jorge Torres Romero

Ellos mismos conspiraron en su contra. Hubo desajustes internos de sus propios ingenieros, según admitieron los mismos representantes del Consorcio Cedicor (Grupo Eurnekian). Este consorcio quedó descalificado del proceso licitatorio para la modernización del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, que se lleva adelante bajo la modalidad Alianza Público Privada (APP).

El propio Comité Evaluador, antes de la fecha programada para la apertura de las ofertas, tenía en sus atribuciones la facultad de consultar a los oferentes dudas que tenían acerca de las respuestas a los requerimientos establecidos en el Pliego de Bases Técnicas (PBT). Este proceso de análisis de las propuestas técnicas llevó unos seis meses, durante el cual se realizaron varias consultas a los oferentes.

El 29 de agosto del 2016, se realizó esta consulta al consorcio Cedicor en el ítem Área de Seguridad de Extremo de Pista (RESA): “Remitir aclaración sobre el efectivo cumplimiento de las especificaciones solicitadas en los RTM, referentes a medidas de áreas de seguridad de extremo de pista de ambas cabeceras”.

Esta consulta se hizo en base al requerimiento de campo de vuelo, fases de desarrollo, pista, que exigía la “adecuación del área de seguridad de extremo de pista de ambas cabeceras de pista, para proporcionar un área de seguridad de extremo de pista de 240 metros de longitud y 150 metros de ancho, en conformidad con la directiva de la Autoridad Aeronáutica Civil de Paraguay”.

El consorcio Cedicor remitió su respuesta el 12 de setiembre del 2016 de la siguiente manera: “Al respecto se amplía remitiendo aclaración sobre el efectivo cumplimiento de las especificaciones solicitadas en los RTM, referentes a medidas requeridas en ancho y largo de franjas de pista, se ha considerado la siguiente intervención: En el área comprendida entre los 240 metros de longitud y 90 metros de ancho en ambas cabeceras se realizarán las siguientes obras… (se especifican las obras)”.

Ante esta respuesta, el Comité Evaluador hizo el siguiente resumen y análisis de la respuesta enviada por el consorcio Cedicor y expresa: “Teniendo en cuenta que en la aclaración solicitada por la Administración Contratante, en fecha 29 de agosto del 2016, se recalcó que las dimensiones solicitadas para el RESA son de 240 metros de longitud x 150 metros de ancho, a la que el oferente ha contestado que tiene previsto realizar intervenciones diferentes: i) en el área comprendida entre los 240 metros de longitud y 90 metros de ancho en ambas cabeceras (mejoramiento y nivelación de suelo), y ii) en la faja comprendida hasta los 150 metros de ancho (solo nivelación), se verifica de manera contundente que el área de RESA propuesta por el oferente es la descrita en el punto i) y no así en el punto ii)”.

En resumen, en lugar de colocar 150 metros (como establecía el pliego) pusieron 90 metros, esto era determinante, porque así lo establecía el estudio de factibilidad. El Área de Seguridad de Extremo de Pista busca reforzar la protección de las aeronaves en caso de que estas salgan accidentalmente de la pista. Esto puede ocurrir en las maniobras de aterrizaje. Sencillamente, la empresa fue descalificada por no cumplir la especificación técnica referente a la seguridad del aeropuerto.

A esto hay que agregar que la propuesta de Cedicor tenía 49,6% de vidrios en la construcción y no 50% como se estableció en los requisitos técnicos mínimos, lo que en la práctica se traduce en 30 metros cuadrados de vidrio menos en lo que sería la fachada de la nueva terminal aeroportuaria.

Tras la denuncia de Cedicor, el viceministro de Obras, Juan Manuel Cano, dijo que el referido consorcio al participar aceptó someterse a las condiciones del pliego y éste disponía que si no pasaba la evaluación técnica no podía abrirse su oferta económica, ni ser tenida en cuenta.

Desde el MOPC desmienten a Cedicor

Como una falacia califican desde el MOPC los argumentos del abogado de Cedicor, Raúl Silva, quien sostuvo que la institución convocante no respetó las reglas del juego.

En relación a la participación de la empresa Sacyr y su supuesta demanda en Murcia, España, señalan que cuentan con diferentes dictámenes que han probado que no es la misma persona jurídica la que se presentó en la licitación en España y la que por ende tendría el incumplimiento. “Nuestro código establece claramente la independencia de las personas físicas, jurídicas y de las acciones de las personas jurídicas. En este caso, la empresa que se presenta en Paraguay no es la misma que se presentó en un consorcio en Murcia, por ende, la norma no le alcanza. Tenemos varios dictámenes en ese sentido, no solamente interno, sino también externos”, señalan desde el Ministerio de Obras.

En relación al tema del consorcio Vinci, que fue otro de los oferentes, sostienen que también hay una gran mentira en las declaraciones del abogado Silva, quien señaló que admitieron unas modificaciones que debieron hacerse vía adenda. “Eso es una mentira. Hablan de algo sustancial, no es sustancial, por eso no se hizo a través de una adenda. Así se dictaminó internamente y en todo caso, en su momento, ellos (Cedicor) tuvieron que haber impugnado si entendían que se había actuado en contra de los preceptos legales; sin embargo, no lo hicieron. Lo que hace esa consulta es interpretar un artículo en particular del pliego de bases y condiciones, que establecía cierta manera de acreditar las experiencias y es mentira que eso se tuvo que haber hecho por adenda”, declararon desde el MOPC.

Fuente: La Nación

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.