La realización del Censo para Adultos Mayores, es el resultado de un acuerdo suscrito entre la STP, el Ministerio de Hacienda y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el objetivo de recabar información que permita seleccionar a potenciales beneficiarios del programa “Pensión Alimentaria para Adultos Mayores en Situación de Pobreza”.

La tarea que tendrá una duración de 7 meses aproximadamente. Posteriormente, la entrega de la bases de datos de los distritos donde se aplicó la ficha social se hará en forma sucesiva conforme se vayan complementado las mismas.

El relevamiento de datos se realizará mediante la aplicación de la Ficha Social en 130.000 hogares de potenciales beneficiarios, a partir de los datos contenidos en el Registro de Beneficiarios Potenciales.

Para la aplicación de la ficha social se tendrá en cuenta a las personas de 65 años y más, quienes fueron inscriptas por los municipios y han sido definidas por la Dirección de Pensiones No Contributivas (DPNC), del Ministerio de Hacienda (MH), como potenciales beneficiarios.

La Ficha Social es una herramienta que registra información socioeconómica y se aplica al conjunto del hogar en la vivienda donde está fijada la residencia habitual del beneficiario potencial o de los beneficiarios potenciales. La información relevada a través de la aplicación de la Ficha Social será criticada, codificada, validada y digitada bajo las pautas técnicas establecidas, con el fin de identificar la situación de pobreza en la cual se encuentran el hogar y sus miembros.

Además de su utilización como base para la selección de los beneficiarios de la pensión alimentaria para adultos mayores en situación de pobreza; la información resultante también podrá ser utilizada como fuente de información que permitan direccionar de manera más efectiva las respuestas de las demás instituciones públicas que forman parte del Programa Nacional de Reducción de Pobreza del Gobierno Nacional “Sembrando Oportunidades”, coordinado por la STP.

La Ley N° 3728/2009 otorga el derecho a la recepción de una pensión no contributiva a los adultos mayores de 65 años y más que cumplan con los requisitos de naturaleza administrativa y legal y que se encuentren en situación de pobreza, a fin de atenuar las desigualdades sociales que enfrenta este grupo poblacional. El beneficio consta de una transferencia mensual equivalente a un cuarto de salario mínimo vigente.

Cabe recordar que la pensión de adultos mayores en situación de pobreza comenzó a implementarse en el año 2010 y ha incorporado a 154.390 personas, convirtiéndose en uno de los programas de protección social más importantes por su contribución en la mejora de la calidad de vida de uno de los sectores más vulnerables de la población. En el presente año, el Estado ya destinó G. 424.828 millones al pago de esta pensión y desde el inicio del programa G. 2,25 billones.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.