A continuación el comunicado:

El edificio sobre el cual se erige la organización política de nuestra nación es la democracia, con una modalidad de elección directa enmarcado en un sistema representativo de tipo presidencialista. Consideramos necesaria esta introducción doctrinaria para lo que se expresa a continuación:

1. Una fibra sensible del pueblo paraguayo se halla en torno a la entidad binacional ltaipu la historia que se desprende de la misma, siendo ésta la herramienta de desarrollo más poderosa con la que actualmente cuenta nuestro país. Por tanto, se deduce lógicamente la reacción ciudadana que permitió la anulación del acta bilateral convenida entre las altas partes contratantes.

2. El juicio político es un mecanismo previsto en nuestra constitución en su art. 225, con 3 presupuestos establecidos, para situaciones irregulares de carácter excepcional; pero hoy en dia y en gran parte de nuestra transición democrática, fue utilizada como una herramienta extorsiva de sectores políticos que velan por sus propios intereses. De ser la excepción, pasó a ser la regla.

3. De llevarse a cabo dicho procedimiento, interrumpiendo el mandato emanado por el pueblo mediante el ejercicio de su derecho al voto, consideramos que las consecuencias pueden desencadenar en el bloqueo económico regional, el aislamiento político internacional y el progresivo debilitamiento del proceso democrático y sus instituciones.

Según el economista Datan Acemoglu (Mi, y el politólogo James A. Robinson de Chkago), el progreso de las naciones radica en la solidez de sus instituciones. Y en el Paraguay tenemos instituciones frágiles, con cimientos que ceden con facilidad, pero el camino no es perder je en ellos, sino pelear por su fortalecimiento; a pesar de los errores en la administración, la República debe prevalecer.

Por lo tanto, corno ciudadanos privilegiados, con acceso a una educación universitaria y al mismo tiempo la gran responsabilidad de llevar adelante los destinos de nuestra nación,

1. RECHAZAMOS el juicio político al Poder Ejecutivo, por las drásticas consecuencias que ello acarrearía para el Paraguay,

2. SOLICITAMOS a los actores de las distintas fuerzas políticas en disputa que le den una conclusión a este conflicto que genera inestabilidad e incertidumbre,

3. EXIGIMOS que la investigación fiscal siga su curso y llegue al esclarecimiento total de los hechos, mediante la intervención del Ministerio Publico y demás órganos jurisdiccionales, donde primen los principios de objetividad y legalidad, fundamentos rectores de un estado de derecho; y deslindar responsabilidad, identificando y condenando a los responsables, o eximiendo de culpabilidad a quienes no tengan ningún grado de responsabilidad comprobada. é. EXHORTAMOS a las demás unidades académicas a estudiar y analizar con responsabilidad la situación jurídico-política de manera objetiva, anteponiendo los intereses nacionales por encima de los particulares, y pronunciarse en el mismo sentido, para salir de la crisis política y de crispación social en la cual nos encontramos.

COMIS/ON DIRECTIVA DEL C.E.D.U.N.A 2019-2020

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.