Cuando a fines del 2019 se hizo conocido el caso “Asado de fin de semana”, un grupo de Telegram que presuntamente se dedicaba a las recaudaciones paralelas en la Municipalidad de Asunción y en el que Mario Ferreiro, ex jefe comunal, resultara imputado por lesión de confianza, coac­ción grave y tráfico de influen­cias, algunos de sus cercanos asesores optaron por buscar nuevos horizontes; en otras palabras, “saltaron del barco”.

Entre ellos se encuentra Víctor Raúl Benítez González, quien al parecer rápidamente reci­bió un “salvavidas” desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tal como lo comenta el dipu­tado Basilio “Bachi” Núñez en su cuenta de Twitter, calificán­dolo además como “El charla­tán de oro”, por sus proyectos de asesoría planteados ante diversas instituciones. Bení­tez González recibía mensual­mente G. 20 millones como asesor en la Dirección de Pla­nificación e Innovación Tecno­lógica de la Municipalidad de Asunción, según consta en la nómina del ente, hasta el des­tape del escándalo de supues­tas recaudaciones paralelas en la municipalidad adminis­trada por Mario Ferreiro en ese entonces.

VIENTOS DE CAMBIOS

Los cambios de aire podrían no ser una novedad para el ex ase­sor municipal, pues en un video publicado en redes sociales, se observa firmando su acep­tación como nuevo afiliado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), rodeado de Efraín Alegre, Eduardo Naka­yama y el senador Luis Alberto Wagner, a quienes llamó “com­pañeros de camino”.

Durante la breve ceremonia, Benítez González afirma de manera jocosa que “no le ofre­cieron cargos para tomar esa decisión”, a lo que Eduardo Nakayama responde entre risas: “Estamos en la llanura, no hay luego nada que ofrecer”.

Actualmente, el ex asesor muni­cipal de Ferreiro ocupa el cargo de “especialista senior” y per­cibe G. 18.000.000 mensua­les como parte del proyecto de “Desarrollo de capacidades de gestión” del MOPC, al que le fue asignado un presupuesto de US$ 10,5 millones, orienta­dos exclusivamente a la contra­tación de “especialistas”.

Una investigación realizada por un equipo periodístico del Grupo Nación reveló que la administración del ministro Arnoldo Wiens no escatimó recursos ni en la pandemia y se revelaron casos de recomenda­dos, quienes se infiltraron como expertos para supuestamente aumentar las capacidades de dis­tintas dependencias del MOPC, a través de la asistencia técnica especializada en áreas claves. Desde esta redacción intenta­mos conocer la opinión de Víc­tor Raúl Benítez González, pero nos explicó que se encontraba participando de una reunión vía Zoom, por lo que no podría con­versar con nosotros.

“Fui seleccionado de una terna”

Oliver Mathías Wendell Orte­llado, uno de los contratados en el proyecto “Desarrollo de Capa­cidades de Gestión” del Ministe­rio de Obras Públicas y Comuni­caciones (MOPC) remitió una carta a nuestra redacción para aclarar el apellido de su padre, que no es recomendado y fue seleccionado de una terna.

LA MISIVA SEÑALA:

Soy alumno del último semes­tre de la carrera de Análisis de Sistemas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) y ocupo un cargo en el MOPC a la cual pude acceder por concurso de oposición, como cualquier ciu­dadano. En medio de una serie de menciones de artículos de la Constitución Nacional y varias otras leyes, el afectado Wen­dell refirió: “con las publicacio­nes televisivas del programa “Tierra de nadie” que conduce la periodista Rossana Escobar juntamente con otro perio­dista me han expuesto a mí y a mi padre al escarnio público, invadiendo y transgrediendo el derecho a la intimidad, con la difusión, publicación de imá­genes y revelación de mis datos y mi foto y los de mi padre, fun­cionario público de más de 32 años al servicio del MOPC, que nada tiene que ver con el tema en cuestión, sin autorización legal correspondiente”.

Oliver calificó de falsas y dis­torsionadas las publicacio­nes de la periodista Rossana Escobar por carecer de prue­bas que avalen su incorpora­ción como “recomendado”. Señala además en su notifica­ción de réplica que se distor­sionó y falseó el nombre de su padre afirmándose errónea­mente o con intenciones dolo­sas el nombre de Emigdio Orte­llado y que la información hace presumir maliciosamente de que con influencia del padre el joven ingresó a la institución, “nada más falso, no hay prue­bas”, subrayó y agregó que con esto se violaron los derechos a la intimidad consagrados en la Constitución Nacional.

El nombre del padre de Oli­ver es Emigdio Wendell y no Ortellado

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.