Según la fiscal, la imputación no tiene nada que ver con el problema laboral entre la empresa y los choferes en huelga, que decidieron crucificarse y algunos coserse la boca. La medida es por una manifestación de esos mismos trabajadores frente a la parada de la empresa el pasado 30 de junio.

“Cerraron rutas, explotaron petardos y uno fue a parar dentro del colectivo que manejaba uno que no estaba plegado a la huelga”, dijo la fiscal en 1080 AM.

Consultado por qué tardó la fiscal en imputar a los choferes, la fiscal negó que se haya tardado, sino que antes estuvo realizando otras diligencias.

“Yo tuve conocimiento a fines de junio. No es que se tarde sino que tomé ciertas diligencias antes de tomar esta determinación. Se tomaron declaraciones testificales de dos choferes que indicaron que se les impidió trabajar”, se justificó Fariña.

A la fiscal se le señaló que es poco usual que terminen imputados quienes cierren rutas, pese a que muchas veces justamente las autoridades son criticadas por no tomar medidas. Por tal motivo, muchas personas podrían pensar que en este caso se actúa de esta manera porque afecta intereses de un parlamentario, el dueño de la empresa. “Sí, estoy acostumbrada a que piensen eso”, manifestó la fiscal. “La gente que me conoce es que no voy a prestarme a eso”, agregó.

“UN SHOW QUE HACEN”

El diputado Celso Maldonado dijo ayer que le parece “un show” la crucifixión de los choferes. Se le consultó si es cierto que trabajan 16 a 18 horas y lo confirmó diciendo que “es decisión de los choferes”, además, “tranquilizó” al hacer la salvedad: “pero tienen un descanso de uno o dos días”.

Los choferes ni si quiera cobran un salario fijo, “porque les conviene así”, aseguró Maldonado. “Ellos hacen cuatro redondos (una ida y vuelta de una parada a otra) por día”, explicó el legislador. Cada redondo tarda unas 3 horas en completarse. En promedio, cada chofer hace G. 160 mil al día (cerca de los G. 4.800.000 al mes).

“COMPRANOTAS” QUIERE SER CONCEJAL

El diputado también se quejó ayer de la manera en que la prensa menciona a su hija con los problemas relacionados al diputado. “Ella qué culpa tiene”, reprochó, y mencionó que pese al problema de “compranotas” en la UCA, su hija pudo hacer su tesis en la Universidad Americana porque la otra universidad no la dejaba.

Belén Maldonado, hija del diputado, figuró en la lista de los “echados” de la Universidad Católica por haber comprado notas. La misma ahora es candidata a concejal por el Partido Liberal en Luque. Las propagandas alusivas a su campaña se pueden ver en las unidades de la Línea 49.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.