En 2016 fueron 33 los periodistas asesinados en toda la región, en comparación con los 27 de 2015, 25 de 2014 y 18 de 2013. Los 33 asesinatos de periodistas ocurrieron en Brasil, Honduras, México, Guatemala, Estados Unidos, El Salvador, Perú y Venezuela.

El informe recoge además “cientos de agresiones, amenazas, y hostigamientos, entre otros actos de violencia cometidos contra periodistas o trabajadores de medios de comunicación, (…) como consecuencia de las denuncias realizadas o la información difundida”.

En 2016 también hubo “declaraciones estigmatizantes hacia aquellos que publican información que no es del agrado de las autoridades” en Colombia, Bolivia, Honduras, Ecuador, El Salvador y Venezuela, y múltiples agresiones contra periodistas en el marco de protestas sociales.

La CIDH destacó la detención de una periodista durante una protesta contra un oleoducto en Dakota del Norte (EE.UU.) así como decenas de agresiones, algunas de agentes de la fuerza pública, en Brasil, Colombia, Canadá, Paraguay, El Salvador y Venezuela.

El informe “condenó” además la muerte de manifestantes y agentes estatales en el marco de protestas en 2016: 8 en México, 4 en Venezuela, 3 indígenas y un estudiante en Colombia y 3 mineros en Bolivia, país en el que fue asesinado el viceministro del Interior, Rodolfo Alvarado.

La CIDH ve con preocupación en su informe las múltiples denuncias penales presentadas por funcionarios estatales o candidatos políticos contra periodistas por la publicación de informaciones de interés público, que acabaron algunas de ellas con condenas a penas de prisión.

“La utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre asuntos de interés público persiste en algunos países como respuesta desproporcionada a los eventuales conflictos con el honor y la reputación”, apunta en informe.

Alerta además que “aunque no fue la regla, en un pequeño número de países se registró casos de censura estatal de medios de comunicación, bloqueo de páginas informativas en Internet y ataques de denegación de servicios contra sitios web de medios y organizaciones no gubernamentales”.

Finalmente, la CIDH “registra con especial interés los avances verificados en los Estados del hemisferio en materia de libertad de expresión y acceso a la información pública” y ve “una buena noticia” en “el creciente rol de los tribunales superiores de varios países que emitieron pronunciamientos judiciales que incorporan una protección reforzada a la libertad de expresión”.

La CIDH es un organismo autónomo de la Organización de Estados Américanos (OEA) con sede en Washington.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.