El relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, destacó la “posición neutral” que “siempre” ocupa el organismo cuando aseguró que en este caso “no cabe duda” de que los afectados fueron víctimas de un uso “totalmente inaceptable y desmedido” de la fuerza.

Fue durante una audiencia pública, con motivo del 162º periodo de sesiones que la CIDH celebra en Buenos Aires.

Lanza insistió en la necesidad de que se lleven a término las investigaciones que permitan esclarecer los hechos que dejaron varios periodistas heridos, según el Foro de Periodistas Paraguayos (Fopep).

En otro momento, el Viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior de nuestro país, Ariel Martínez Fernández, se refirió a las afirmaciones de la periodista Marta Escurra, que participó en la citada reunión en nombre del Foro de Periodistas Paraguayos y de la Asociación de Reporteros Gráficos del Paraguay, afirmando que la Policía Nacional paraguaya agredió de manera intencionada a 23 trabajadores de la prensa por “orden superior”.

Martínez Fernández “rechazó la acusación de una supuesta intencionalidad de la Policía Nacional, para agredir de manera específica a los trabajadores de los medios de comunicación y evitar que ejerzan su trabajo profesional”, según divulgó la Secretaría de Estado del Interior.

“El Gobierno tiene un gran compromiso (para), garantizar que el trabajo de los miembros de la prensa se desarrolle dentro de los límites constitucionales y legales”, afirmó el alto funcionario.

INVESTIGACIÓN

Añadió que todos los hechos suscitados en la noche del 31 de marzo y en la madrugada del 1 de abril en Paraguay, “están en pleno proceso de investigación (…), y se han tomado medidas contra los policías identificados en las acciones señaladas. Existen tres sumarios abiertos y en pleno desarrollo dentro de la Policía Nacional, también varias causas en el Ministerio Público, dentro del sistema jurídico paraguayo, que es un Poder independiente”.

Enfatizó, además, que “si se concluyera que efectivamente se accionó para impedir la labor de la prensa, el primer interesado en que se sancione de manera ejemplar a los responsables será el Gobierno Nacional de la República del Paraguay.”

Martínez Fernández manifestó, asimismo, que a fin de realizar una evaluación objetiva de lo acontecido en los citados días se entregarán las más de siete mil horas de videos que posee el Gobierno paraguayo, grabados y aportados por la ciudadanía y la propia prensa, durante la jornada de los hechos en cuestión.

“Quisiéramos acercar a la Comisión las miles de horas de videos que se tienen para que se pueda hacer una evaluación real. Quisiera la Comisión tenga en su poder los videos de horas y horas de los hechos que ocurrieron. Es determinante este elemento para saber si esos hechos inaceptables fueron realmente dirigidos hacia los periodistas por ser periodistas y con el fin de impedir su trabajo (…) Hemos visto (durante la sesión) aproximadamente 30 segundos de las manifestaciones cuando estas se dieron por más de 12 horas”, preciso Martínez Fernández.

URUGUAY

Ya por parte del Estado uruguayo, Marcelo Scappini, director general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, explicó que las investigaciones se pusieron en marcha desde que se denunciaron los hechos y recordó que el Gobierno decidió destituir al ministro del Interior y al comandante de la Policía Nacional de nuestro país, tras analizar los hechos.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.