El viceministro de Trabajo, Luis Orué, mencionó a Hoy Digital que conversó este miércoles con un grupo de 50 trabajadores que fue hasta la sede del Ministerio a pedir intervención ante la decisión del cierre de la cadena de minimercados Citymarket. “Los recibimos, se bajó la ministra Carla Bacigalupo y por suerte entendieron y están contentos con la solución momentánea que se les dio”.

Por el momento, la empresa PRV STORES PY SAECA, que opera la cadena Citymarket, hizo el pedido oficial de la suspensión laboral de 455 trabajadores al cerrar 58 sucursales y en el transcurso de esta jornada concretará el resto, que totalizan sus 94 sucursales, de acuerdo con la autoridad. La totalidad de afectados serían casi 1.000, según agregó.

Orué indicó que conversaron con los representantes de la empresa en cuestión y que estos se comprometieron a presentarse a la reunión tripartita convocada para el día lunes con su propuesta, en atención a que los trabajadores denunciaron este miércoles que aún la patronal les adeuda el salario del mes de octubre.

Así también informó que ya se procedió a iniciar el proceso de suspensión laboral, de modo a que los trabajadores afectados puedan cobrar la compensación económica del IPS en los meses de noviembre y diciembre.

Por otra parte, Orué comentó que el Ministerio de Trabajo -mediante la Dirección de Empleo- ya está viendo puestos laborales disponibles que guarden relación al perfil de los desvinculados y además la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) se comprometió a buscar puestos vacantes para algunos de los trabajadores afectados. Si bien no se podrá contratar a la totalidad, se podrá ubicar a algunos, según acotó.

El Viceministro resaltó en otro momento que una buena noticia podría darse si llega a buen puerto en la negociación de los inversionistas de Citymarket con dos grandes grupos empresariales para la venta de la cadena.

Mediante un comunicado, la firma PRV STORES PY SAECA, que opera la cadena Citymarket, confirmó hoy que decidió suspender parcialmente la operativa de algunas de sus tiendas e iniciar el proceso de convocación de acreedores debido a dificultades económicas, en un período de ventas disminuidas y de condiciones de abastecimiento endurecidas y restringidas.

Según el escrito dado a conocer a la opinión pública, los accionistas realizaron un aporte de capital de 5.000.000 USD durante este año, en el contexto de la pandemia, sin que este aporte tenga los efectos deseados, en un ambiente de consumo muy disminuido de su público preferente.

“En la actualidad los directivos y accionistas se encuentran abocados en la formulación de un plan integral de restructuración de la empresa e incorporación de un socio local”, según adelanta la firma.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.