En nuestro país, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) generan el 66 % de la mano de obra nacional y buscan ahora, levantadas ya todas las fases de la cuarentena, reponerse del impacto económico.

No hay cifras oficiales del número de mipymes que desaparecieron desde marzo, cuando el Gobierno decretó la cuarentena total para contener el coronavirus, porque como explicó a Efe el viceministro de Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Isaac Godoy, “en el sector no existe un sistema de información segmentado”.

“Una mayoría de las mipymes no cierran la empresa, simplemente, temporalmente, dejan de operar, pero la empresa no es cerrada oficialmente”, comentó Godoy.

Aún así, para hacer una estimación de puestos de trabajo perdidos, recurrió al informe de empleo de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (Dgeec).

Entre julio y septiembre de 2020, hubo 59.153 empleos menos en los tres sectores que en el mismo periodo del año anterior, al pasar de 3.378.074 empleados en 2019 a 3.318.921 trabajadores este año.

“Los datos me dicen que dos de cada tres paraguayos trabajan en mipymes, puedo estimar que el 66 % de estos trabajadores (sin empleo) son de mipymes”, expuso.

Según la deducción del ministro, de esas nuevas 59.153 personas desempleadas en el tercer trimestre, unas 39.000 trabajaban en mipymes.

DEMORA EN LAS AYUDAS

A lo largo de la cuarentena, la Asociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy) realizó una serie de encuestas para conocer la situación de sus socios ante el impacto económico de la pandemia.

En marzo, cuando se decretó el cierre total, el 81 % de los encuestados temía pérdidas de ventas y clientes, y un 57 % no veía posibilidad de mantenerse más allá de un mes, según los datos facilitados a Efe por Asepy.

“Eso nos hizo levantar la bandera roja y dar la alarma de que las medidas que el Gobierno planteaba no eran suficientemente ágiles (…) tenían algunos datos sobre cómo hacerlo, pero los créditos no lograban llegar”, comentó el presidente de Asepy, Bruno Defelippe.

Por su parte, el viceministro reconoció que “hubo demoras por la gran cantidad de créditos”, pero defendió que, gracias a los fondos públicos, se concedieron unos 90.000 créditos por un monto aproximado de 70 millones de dólares.

CIERRE O REINVENCIÓN

A mediados de abril, Enrique Zorrilla anunció en Instagram el cierre de “El zorro y la cigüeña”, el hotel boutique que había inaugurado en el centro de Asunción a finales de 2019.

Los primeros días de la pandemia, su socio y él decidieron mantener abierto el hotel, pero cada decreto del Gobierno les ahogaba un poco más.

“Vimos que la situación era insostenible. Despedimos a los ocho trabajadores que teníamos con nosotros y les liquidamos con todo lo que correspondía”, contó a Efe.

Zorrilla había invertido 400 millones de guaraníes (unos 57.000 dólares) en el hotel, pero con el cierre tuvo que vender todo el mobiliario para saldar las deudas con los proveedores.

“La vida continua, hay que dar vuelta a la página y hay que seguir. Yo no puedo estar esperando a que ocurra un milagro y que reciba la ayuda del Gobierno”, agregó.

Algo más de suerte tuvo Antonio Olmedo, que abrió la pizzería “La Celestina”, en las afueras de Asunción, medio año antes del inicio de la cuarentena.

Olmedo definió el impacto de la pandemia como “desastroso” y lamentó la falta de soluciones y la dificultad para acceder a los créditos del Gobierno.

“Yo cerré la atención al público pero seguí produciendo, hicimos una variación en el negocio y producimos pizzas congeladas. Con eso, más o menos, paliamos la situación y es lo que nos permitió seguir en el rubro”, dijo.

No obstante, reconoció que tardó unos cuatro meses en volver a reflotar su negocio.

Como él, Ximena Vera también tuvo que esperar algún tiempo hasta que pudo volver a su trabajo como cosmetóloga a domicilio.

Con la cuarentena, Vera se quedó sin empleo durante tres meses y solo un mes consiguió un subsidio de 500.000 guaraníes (71 dólares) del programa Pytyvo del Gobierno, por lo que se las ingenió para vender ofertas de tratamientos faciales con pago adelantado para mantenerse.

En junio, volvió a su rutina laboral, aunque con un ritmo inferior al que tenía antes de la pandemia.

“Para mucha gente es un lujo. Es un tratamiento facial, no es imprescindible. Antes de la pandemia yo tenía ocho o nueve clientes al día, pero ahora son cuatro o cinco”, señaló a Efe.

EMPRESAS EN 72 HORAS

Sus historias son algunas de las de tantos emprendedores, microempresarios y cuentapropistas que vieron cómo la pandemia transformaba o destruía sus proyectos.

Desde Asepy, la petición al Gobierno es que dé incentivos para la creación y formalización de las empresas, facilite el acceso a la financiación, y garantice la protección social al emprendedor y la asistencia técnica de calidad.

El viceministro de Mipymes aseguró a Efe que el MIC está trabajando en mejorar el apoyo a los emprendedores, y avanzó que a finales de este mes comenzará la implementación de la Ley de Empresas de Acciones Simplificadas (EAS), para agilizar la creación de empresas formales en 72 horas.

Esto con la vista puesta en la aparición de nuevos proyectos por cuenta propia que el MIC prevé que aparezcan tras las crisis.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.