Liliana Zayas, abogada de la familia de Sabryna Breuer, resaltó que la mujer estaba en un círculo de violencia, de la cual no se sale sola sino que con ayuda. Inclusive hubo un episodio de retractación de parte de la víctima días antes de su muerte. La justicia condenó a 28 años por feminicidio a su pareja Gerardo Stadecker.

En entrevista con la radio Universo 970 / Nación Media, la letrada indicó que antes de darse el feminicidio de Sabryna, hubo episodios anteriores de violencia física y psicológica, comprobada con fotografías de lesiones. Además existe otro antecedente de julio del 2017, cuando Stadecker rompió con un destornillador la puerta de la habitación de la hija mayor de Sabryna.

De acuerdo con Zayas, la víctima estaba en un círculo de violencia. La primera fase fue la discusión en la pareja, porque la mujer reclamó una infidelidad que él supuestamente tenía. La segunda fase fue la explosión, en la que ella fue brutalmente golpeada por el hombre. Ese día Sabryna pidió ayuda al 911 y a sus amigos, fue un oficial de apellido Martínez a la casa, labró acta, pero le indicó que tenía que ir a la comisaría a radicar la denuncia. Al día siguiente, la víctima acudió a la sede policial junto con su suegro para certificar que no iba a hacer la denuncia finalmente porque “Gerardo le dijo a través de su hermana que retire la denuncia si no quería ver lo que le iba a pasar”, inclusive la misma pedió perdón y asumió la culpa de lo sucedido, según relató la abogada.

Ocho días después de ese episodio de violencia, Sabryna fue asesinada.

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La entrevistada resaltó sobre el punto que la falla principal fue del policía que intervino, ya que no se puede depender de la víctima para hacer la denuncia, porque, de acuerdo con la experiencia, una mujer tarda entre 8 y 11 años en reconocerse como víctima de violencia. Es por ello que subrayó que se debe entender que la violencia contra la mujer no es solo un problema de pareja, y que todos debemos ayudar e intervenir. “Prefiero que mi amiga no me hable a tener que enterrarla”, subrayó.

“En este momento una mujer puede estar en peligro y no darnos cuenta como sociedad y como instituciones. (…) De la violencia no se sale sola, se sale con ayuda (refirió sobre la retractación de la víctima). Tenemos que involucrarnos como sociedad, no pensar que ella está ahí porque quiere. Se le estereotipó a Sabryna porque tenía dos matrimonios anteriores, pero por qué se va a culpar a la mujer. Nada se dijo sobre Stadecker, quien tuvo un matrimonio anterior que se disolvió por violencia contra su esposa. Le había violentado física y psicológicamente a su anterior pareja”, sostuvo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.