Ya no caben dudas de que el Centro de Información y Recursos para el Desarro­llo (CIRD) hizo un festín con el proyecto de reacti­vación económica posco­vid repartiendo honora­rios, jornales y asesorías entre el clan del presidente de la organización, ami­gos y operadores políticos, gracias a una transferencia de G. 6.093 millones que le hizo el Estado a través del Sistema Nacional de Forma­ción y Capacitación Laboral (Sinafocal).

El clan familiar de Agus­tín Carrizosa, presidente del CIRD, compuesto por su pareja, su hija, una cuñada y el joven Carlos Fran­cisco Alcaraz, hijo del coor­dindador anticorrupción, Francisco Darío Alcaraz, se repartió G. 1.113 millones en jornales y honorarios por consultorías gracias a varios convenios. En la gran comilona se identificaron 10 políticos entre operadores y candidatos seccionaleros del equipo proselitista del sector de Mario Abdo Benítez en las elecciones pasadas.

Tras esto, aparece la firma F&F Bussines & Consul­tancy SA, que registra 4 cobros que totalizan G. 150 millones en el mencionado proyecto poscovid del Sina­focal, ejecutado por el CIRD.

En F&F Bussines & Consul­tancy SA figuran como accio­nistas Ana María Ramos y su hijo Alejandro Maximi­liano Fernández Ramos. La mujer dijo ser la presidenta de la consultora y confirmó que es comadre del diputado Édgar Olmedo, se dedica a vender ropa, no tiene idea del trabajo consignado en las planillas del CIRD, pero aparece facturando en con­cepto de consultorías, aseso­rías e investigaciones.

Cuando le preguntamos por la contraprestación en el marco del sensible pro­yecto, Ana María respondió muy amablemente: “Te voy a dar el contacto de mi esposo y le llamás, porque él es el que te va a dar una respuesta más cierta. Yo estoy como presidenta, pero él es el que maneja todo, ¿pillás?”.

Cumpliendo con las indica­ciones de la mujer contacta­mos con su esposo, Ricardo Fernández Ramírez, para entender cómo es que sin figurar en la empresa con­tratada era el que manejaba todo con el CIRD, y este nos manifestó: “Nosotros somos familia, nosotros no tenemos separación de bienes. Ella figura por una cuestión, porque sí nomás, no hay nada detrás. Ella es igual que yo en términos jurídicos y en términos de lo que sea. Lo que pasa es que ella tiene una tienda. Te cuento cómo es la histo­ria, nosotros tenemos una tienda que se llama Rosas y Chocolates en Coronel Oviedo, y la tienda pasó a formar parte también de la consultora, de la SA y una de las alas de la empresa es consultorías también, por ahí viene la mano, y como ella ya es accionista con Maximiliano, no hacía más falta que yo sea”. Sin embargo, en los documen­tos proveídos por el Minis­terio de Economía no apa­rece la tienda de ropas como parte de la consul­tora mencionada.

Fernández explicó que hicieron “una base de datos con una aplicación para que se puedan encon­trar los alumnos del Estado, del Sinafocal, en una plata­forma, tipo un buscador”.

Tanto Ana María como su esposo confirmaron que el diputado Olmedo es su com­padre. “Édgar Olmedo es mi superamigo, mi vecino, mi compadre, pero laboral­mente yo no tengo relacio­nes con él”.

La pareja, muy amiga de Olmedo, comparte fotos en redes sociales de encuentros sociales, religiosos, políti­cos con el diputado frecuen­temente. Entre las fotogra­fías posteadas aparece, por ejemplo, un aporte a la cam­paña de Olmedo días antes de las elecciones de 2018, cuando el mismo se postu­laba a gobernador.

G. 2.502 MILLONES POR REUNIONES INDÍGENAS

Ricardo Fernández, esposo de Ana María Ramos, que aparece con cobros en proyecto poscovid, se adjudicó dos jugosos contratos para eventos indígenas en menos de un mes en 2022.

A través de su empresa Desarrollo y Negocios Sustentables SA, Ricardo Fernández, esposo de Ana María Ramos que gracias al CIRD facturó en pro­yecto poscovid, se adju­dicó dos jugosos contratos en plena campaña electo­ral y en tiempo récord el año pasado para servicio de logística en eventos indígenas.

Según el portal de Contra­taciones Públicas, la citada empresa se estrenó en el rubro de licitaciones y en menos de un mes se alzó con dos importantes con­tratos.

El 10 de noviembre de 2022, el Ministerio de Agricul­tura (MAG) le adjudicó G. 321 millones por “servicio de apoyo logístico para la realización de eventos de participación de pueblos indígenas para el censo agropecuario nacional 2022″, con fondos prove­nientes del Banco Inte­ramericano de Desarro­llo (BID), de los cuales G. 145 millones son reembol­sables.

El 7 de diciembre ya volvió a adjudicarse G. 1.894 millo­nes también para organiza­ción de reuniones de líderes indígenas, ferias, con fon­dos provenientes del Banco Mundial, de los cuales G. 1.183 millones son gastos reembolsables.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.