El abogado David Castillo, representante del ciudadano alemán, explicó que habían presentado una denuncia ante el Ministerio Publico, el 3 de diciembre del año pasado.

Se constituyó en el lugar y constató que este grupo de personas cometieron el hecho punible de coacción pero no hubo imputación por invasión de 15 hectáreas del inmueble “El argumento que nos dieron desde la Fiscalía es que no se daban las condiciones porque ellos contaban con un contrato de prestación de servicios de la empresa Lampa SA”, explicó el abogado.

Refirió que esa prestación no genera ningún efecto o derecho a los integrantes de la Coordinadora de mineros a ingresar en la propiedad privada del alemán quien posee toda la documentación legal desde 1981. “Presentamos todos los documentos al Ministerio Público pero de todas formas, ellos no imputaron por el hecho punible de invasión a la propiedad”, sentenció.

Castillo señaló que estas personas lideradas por Abraham Almada estaban fuertemente armados y no permitían ingresar al propietario alemán ni a sus administradores a la estancia. Sostuvo que estas personas siguen instalados en el inmueble y luego arman una artimaña presentando una demanda de cumplimiento de contrato contra la empresa Lampa y consiguen una medida cautelar completamente “descabellada”.

“Esa medida cautelar llamativamente se dicta un 24 de Diciembre, el juzgado se constituye a través de su actuaria y supuestamente constata la vulneración de derecho de la Coordinadora, pero un derecho que nunca existió porque nunca firmaron un contrato de arrendamiento por lo menos con el propietario”, denunció. La jueza dicta una medida cautelar de prohibición de innovar en relación al contrato que firmaron con Lampa SA.

Luego el 27 de diciembre el abogado de la Coordinadora solicita una aclaratoria a la juez para que aclare el alcance de la medida cautelar. La misma se expide el mismo día y manifiesta que alcance de la medida cautelar es que se abran los portones de la estancia del alemán y dicta que lacoordinadora puedo ingresar al inmueble para que sigan trabajando. “Da la pauta de que hay algo detrás y se cometió un hecho completamente irregular que atenta contra los derechos genuinos de mi cliente y contra la Constitución Nacional”, apuntó.

Castillo precisó que la empresa Lampa rescinde contrato con esta coordinadora y ante esa situación realizan la demanda por cumplimiento de contrato. En ese documento, se especifica claramente que necesitan de la aprobación del propietario para ocupar el inmueble.

El artículo 137 de la Constitución Nacional dice que la constitución es la ley suprema de la República y no puede estar ningún contrato y ley por encima de ella.

El abogado señaló que presentaron una denuncia contra la jueza Vanesa Miño ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mal desempeño de sus funciones. “Solicitamos que ella sea apartada del cargo pero hasta ahora no tenemos ninguna novedad. Hemos consultado pero no tenemos ninguna novedad’, significó. La denuncia fue en febrero pasado. La misma fue recusada porque demostró parcialidad manifiesta.

El propietario alemán decidió cerrar los portones de la estancia porque era insostenible la situación porque estas personas estaban disparando al aire, destrozando árboles y realizaron una excavación gigantesca. “No les permitimos el ingreso a nadie porque no puede ser que unas personas extrañas tengan más derecho sobre el inmueble que los propietarios”, lamentó.

Relató que la semana pasada hubo allanamiento por parte de la fiscalía y constataron que había armas en el campamento de la Coordinadora de Mineros. “Se les dejó en poder de ellos porque supuestamente tenían documentaciones pero no estaban a nombre de las personas. Eran armas de grueso calibre”, sentenció.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.