El ministro Arnaldo Giuzzio, titular de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19, indicó a la radio Universo 970 AM que en el proceso de compra de los insumos médicos existía casi un modelo de indigencia porque el Gobierno Nacional está muy necesitado de las herramientas necesarias para que el personal sanitario pueda combatir el COVID-19.

Respecto a si Salud fue víctima o cómplice de las irregularidades en el proceso de compra fallida, dijo que sí hay responsabilidad del funcionario público, pero que a su parecer tienen una responsabilidad mayor las dos empresas que se comprometieron a proveer los productos chinos, teniendo en cuenta que estamos en una situación de mucha necesidad. “En este momento somos como mendigos, que estamos en una situación de recibir lo que sea y él que tiene dinero, pasa a tu lado y te da restos, migajas, desechos”, arremetió.

“Si es que (estas firmas) pagaron la coima (a los funcionarios), que al menos cumplan (con su obligación de traer los insumos médicos). Luego nosotros nos encargaremos de perseguir a los funcionarios”, lanzó el Secretario de Estado. “La necesidad es inmediata, el hambre es de ahora. Tenemos que ser duros con la responsabilidad penal y civil de estas empresas. Sugerimos al Ministerio de Salud que otorgue 24 horas a la empresa par su descargo. Si no lo hacen, no nos queda de otra que ser duros con las medidas”, remarcó.

El fenómeno de la pandemia desnuda, según contó también, muchas situaciones que a todos nos pone en una situación compleja, tal como la encrucijada en la que se encuentra el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, quien tiene por un lado a las dos empresas que incumplieron el acuerdo y por el otro a los médicos y enfermeros que solicitan la provisión urgente de insumos de calidad.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.