Una investigación periodística del canal RPC detectó que algunos funcionarios del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) cobraron viáticos sin siquiera haber abandonado la institución.

De acuerdo al informe, unos cuatro funcionarios que cumplen distintas funciones dentro de la institución cobraron sumas de dinero que superan el millón de guaraníes en concepto de viáticos por supuestos viajes que nunca realizaron.

En este caso puntual han sido involucrados: el Gerente General del Indert, Fredy González Arrúa, quien habría cobrado G. 2.600.064 por un supuesto viaje a Itakyry; el Director de Estadísticas, Francisco Noguera Romero, y el Gerente del Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), Luis Amarilla Villalba, quienes habrían cobrado las sumas de G. 1.706.292 y G. 2.275.056, respectivamente, por dos viajes a Caaguazú y Alto Paraná.

En todos los casos se pudo corroborar a través de la investigación periodística que los funcionarios se encontraban en sus respectivos puestos de trabajo los días en los que supuestamente debían haber viajado al interior del país.

VERSIÓN DEL TITULAR DEL INDERT

En entrevista con la 970 AM, Horacio Torres, presidente del Indert, habló sobre este caso y explicó que en los últimos tiempos entre 35 y 40 funcionarios de la entidad, tanto superiores como técnicos y asesores jurídicos, salen para hacer visitas a las colonias del interior del país, de manera a hacer un relevamiento de datos.

El relevamiento en cuestión estaría involucrando a cerca de 4.000 familias pertenecientes a la zona de Itakyry, departamento de Alto Paraná, y Villa Constitución, departamento de Caaguazú.

Torres argumentó que muchas veces cuando está planificado un viaje y dentro de la semana llueve se les pide a los funcionarios asignados que regresen a la capital debido a que no se podrá cumplir con la tarea asignada. En caso de que no se reprograme la visita para la semana siguiente, los mismos están obligados a devolver el viático, afirmó.

De acuerdo a la versión del titular del Indert, Fredy González Arrúa había regresado a Asunción luego de su viaje para reemplazarlo y recibir la visita de una dirigente campesina, mientras que Francisco Noguera Romero supuestamente devolvió el dinero que había recibido en concepto de viático.

Torres confirmó que, tras darse a conocer este caso, pidió un informe a la Asesoría Jurídica y la Dirección de Transparencia de la institución, de manera a dilucidar lo ocurrido con los trabajadores involucrados.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.