Desde este sábado 1 de abril se pone en vigencia la nueva “Ley de Promoción de la Disminución del Uso de Plástico Polietileno”, por lo que se empezará a cobrar por las bolsas en los supermercados, autoservicios, despensas y comercios en general. Los precios serán de entre 100 y 250 guaraníes por bolsa.

Christian Cieplik, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), en charla con nuestra redacción mencionó que esta medida podría acarrear algunos problemas en cuanto a la aceptación por parte de los clientes. “Cada gasto que le subimos al consumidor es un tema para nosotros porque afectamos la economía familiar”, expresó.

Cieplik comentó que, a pesar de que pueda darse esa situación, esta propuesta nace de buena manera para tratar de paliar la contaminación del medio ambiente en nuestro país. También indicó que “las leyes están para ser cumplidas”, por ello se debe hacer el mayor y mejor esfuerzo para que el impacto en la economía familiar sea el menor posible.

Destacó como un logro importante el hecho de que se cobre al cliente recién desde la cuarta bolsa que utilice para cargar sus productos, siendo las tres primeras gratuitas.

A su criterio, la gente con menor poder adquisitivo y que va con mayor frecuencia al supermercado no sentirá en gran medida esta modificación debido a que no suelen llevar más de 3 bolsas al realizar sus compras.

“En algún momento tenemos que comenzar a ser más responsables con nuestro medio ambiente, esto no es por nada. El efecto de cobrar es para disminuir la cantidad de bolsas que se venden”, señaló el titular de la Capasu.

Consideró que la decisión de empezar a cobrar por las bolsas del supermercado tendrá su efecto positivo con el paso del tiempo, pues la gente empezará a tomar conciencia y a la vez reducirá su utilización. “Vamos a pensar dos o tres veces en vez de llevar más bolsas, porque al final lo que se lleva, se tira”, puntualizó.

Al ser consultado sobre si existe alguna prohibición para que los clientes puedan llevar sus propias bolsas, tal y como se realiza en varios países de Europa, aseguró: “Todos son libres de elegir cómo van a llevar sus compras a la casa. Pueden venir con el tipo de bolsas que consideren, acá el tema no es vender la bolsa, sino contaminar menos”.

Cieplik resaltó que para el sector supermercadista, la incidencia de esta medida será muy pequeña y que el problema principal radicará más bien con el público ya que habrá cierta resistencia o, en el peor de los casos, una disminución en las compras por el hecho de tener que llevar una bolsa propia o limitar la cantidad de bolsas por el nuevo cobro.

“Este no es un tema menor, va a ser más negativo que positivo además del choque cultural que va a significar. Aquellos que no se enteraron van a decir ‘ya otra vez los supermercados’, ‘por qué no hicieron otra cosa’, ‘siempre fue gratis’ o cosas así”, sentenció.

Para el abogado Ricardo Preda, la Contraloría General de la República tiene toda la facultad de solicitar la intervención de un municipio, amparándose en la ley 317 del año 1994 “Que reglamenta la intervención a los gobiernos departamentales y/o municipales”.

“No hay mucho margen para la interpretación. Sin lugar a dudas, la Contraloría tiene la facultad de solicitarle al Poder Ejecutivo que inicie los trámites de intervención”, explicó el abogado Preda en conversación con Universo 970.

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Dijo además que en el caso de la Junta Municipal es la que no puede pedir una intervención sin un dictamen previo de la Contraloría.

Asimismo, sostuvo que la falta de transparencia es una puesta en peligro de irregularidad en la gestión y que en el caso de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, el pedido de intervención es una decisión plenamente jurídica por parte de la Contraloría.

“La Contraloría si detecta un delito, hace el reporte de hecho punible. Lo que acá pide es que se intervenga porque hay una situación fuera de control y se detectaron irregularidades que pueden poner en riesgo el patrimonio”, subrayó.

Agregó que no hace falta llegar al perjuicio patrimonial, sino que basta con el hecho de poner en riesgo el patrimonio.

La fiscal Gladys González imputó por los hechos punibles de homicidio doloso en grado de tentativa y transgresión a la Ley de Armas a Juan Manuel Bogarín Domínguez.

Este sujeto se encuentra acusado de intentar asesinar a su expareja, Isabel Margarita Dávalos, y a su novio, Alexis Javier Rodríguez Paredes, aparentemente motivado por los celos y el despecho.

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El hecho se registró en el año 2023, en jurisdicción del barrio La Lomita de la ciudad de Ñemby. En aquella oportunidad, Bogarín había interceptado a la pareja cuando estaba a punto de llegar a su vivienda.

Tras descender de un vehículo con un arma de fuego, este sujeto intentó disparar contra la humanidad de la mujer, quien en ese momento iba con un bebé en brazos. Por fortuna, la pistola se trabó y no logró dispararse.

Esta situación fue aprovechada por Dávalos y Rodríguez, quienes huyeron rápidamente hasta su domicilio, ubicado a pocos metros del lugar donde fueron interceptados.

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Decidido a continuar con su plan, Bogarín persiguió a las víctimas mientras continuaba intentando disparar, lo cual quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para el imputado.

Un hecho de homicidio fue reportado en la tarde este lunes en una vivienda situada sobre las calles Caballero casi 4ta Proyectadas, en el Barrio Obrero de Asunción.

La víctima fatal es un joven de 29 años, identificado preliminarmente como José Alcides Garozzo Lezcano, quien contaba con antecedentes penales y una orden de captura.

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Conforme a los datos facilitados por la Policía, este joven ingresó a la vivienda perteneciente a Karim Abou Saleh Notario, de 43 años, con intenciones de robar, siendo sorprendido en ese preciso momento.

Luego de escuchar algunos ruidos en el patio, el dueño de casa fue a revisar y se topó con el solitario ladrón en el pasillo, quien en ese momento intentó extraer un arma de su bolsillo. Saleh reaccionó rápidamente y utilizó la pistola que llevaba consigo para abatirlo.

Garozzo recibió un disparo a la altura de la cintura, herida que finalmente acabó provocándole la muerte. Una vez en la escena del crimen, los intervinientes confirmaron que el arma que tenía en su poder era de juguete.

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La fiscal Teresa Sosa indicó que realizarán las diligencias pertinentes para determinar si este hecho se enmarca en una legítima defensa o una excitación emotiva, a fin de luego poder tomar una determinación.

Saleh fue convocado a prestar declaración indagatoria este martes en horas de la mañana en la Fiscalía. De momento, no quedará en carácter de detenido.