El secretario ejecutivo de la Codehupy, Óscar Ayala, leyó un manifiesto en el que la organización aludía a esos comportamientos del pasado, con ejecuciones y torturas que “permanecen en la impunidad” y que ponen de manifiesto las carencias del país en derechos humanos.

El manifiesto lamenta que todavía no se haya podido “implementar un mecanismo efectivo que lleve a superar la impunidad de los crímenes cometidos”, unido a “la falta de educación efectiva en derechos humanos”.

No obstante, desde la Codehupy reconocieron que en Paraguay se han “registrado avances en un desarrollo legislativo” y que buena parte de la sociedad civil trabaja “con convicción y compromiso” para fortalecer la democracia paraguaya y evitar la historia se repita.

La dictadura de Stroessner, que se prolongó desde agosto de 1954 hasta la noche del 2 al 3 de febrero de 1989, dejó cerca de 20.000 víctimas directas y más de 400 desaparecidos registrados, de los que solo se han recuperado 37 cuerpos.

A eso se suman las torturas, abusos de mujeres y niñas, persecución, ataques a la población indígena y campesina, y las tierras apropiadas por los jefes de la dictadura.

Una serie de violaciones que el Estado paraguayo no termina de reconocer y condenar y que ahondan en las “grandes deudas que tiene el Estado paraguayo” con su pueblo, según señaló durante el acto el coordinador de la Mesa de Memoria Histórica, Antonio Pecci.

“Vivimos una democracia sin justicia social. La herencia del stronismo se manifiesta, sobre todo, en que no se ha avanzado en el caso de la justicia social”, apuntó Pecci, que ve en este comportamiento una ausencia de “voluntad política”.

Por su parte, María Estela Cáceres, de la Fundación Celestina Pérez de Almada, subrayó el hecho de que el actual Gobierno, presidido por Mario Abdo Benítez, no haya convocado ningún acto con motivo del 30 aniversario de la caída de la dictadura, mediante un golpe de Estado.

En ese sentido, Cáceres lamentó que el Ejecutivo haya olvidado su “deber memoria” para cumplir con el “derecho a la verdad” que merece la ciudadanía.

“Es el Estado el que debiera estar hoy rindiendo homenaje a las víctimas (…). Ante esa imposibilidad de cumplir, somos las organizaciones, las víctimas y los defensores los que estamos impulsando”, puntualizó.

Recordó además que “el pueblo paraguayo siempre, siempre luchó por la libertad, resistió a la opresión y trató de construir su destino, arduamente”.

En este aniversario, las víctimas lamentan la “hiprocresía” del Estado, como dijo en el mismo acto Enríque Benítez, que sufrió la tortura de sus familiares y la de él mismo, en su caso, ya en democracia.

Benítez exigió llevar “realmente a la práctica el compromiso de reparación” y que se reconozcan “los crímenes contra el pueblo”.

Sobre el perdón y la reparación, el secretario ejecutivo de Codehupy matizó que “es casi imposible restaurar íntegramente lo que ya sucedió”, pero el Estado sí puede garantizar “que no se vuelvan a repetir esos hechos”.

Además, Ayala criticó la falta de pronunciamiento del Gobierno sobre la caída de la dictadura y manifestó que “es un indicador de que en la agenda del Estado hoy día no aparecen los derechos humanos”.

Este acto también sirvió de homenaje a las personas que lucharon por la instauración de la convivencia democrática en Paraguay y que se encargaron de mostrar en el exterior la cara dictatorial del régimen de Stroessner, que se proyectaba en el extranjero como “una democracia sin comunismo” y que contó con aprobación internacional, dijo Pecci.

“Tenía un Parlamento que realizaba elecciones periódicamente y había fachada de legalidad democrática, pero fueron las organizaciones de la sociedad civil las que con manifestaciones demostraron que esto era una dictadura pura y dura, donde se aplicaba el terrorismo de Estado y protegía a criminales internacionales”, explicó Pecci.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.