Desde hace unos días circula a través de redes sociales y grupos de WhatsApp un flyer en el que se hace alusión a supuestos hechos irregulares dentro del prestigioso Colegio San José, ubicado sobre la Avda. España de la ciudad capital.

Según la denuncia, aparentemente existiría un mal manejo administrativo y financiero dentro de la institución educativa, administrada por la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús de Betharram.

Las acusaciones hablan de una supuesta malversación de fondos, además de millonarias sumas de dinero que estarían depositadas en cuentas bancarias y que no condicen con el estado actual del colegio católico. De igual manera, se cuestiona la inversión realizada para la construcción de un gimnasio que no podría ser utilizado por los estudiantes.

La directora administrativa del Colegio San José, Carolina Ávalos, es blanco de la mayoría de los cuestionamientos debido a que también fue denunciada por supuestamente adjudicar varios contratos a la constructora de su esposo.

Esta mañana, un grupo de padres se encuentra manifestándose en la institución, en vista a la serie de denuncias que salieron a la luz y que generaron dudas dentro de la comunidad educativa. Los mismos exigen a las autoridades respuestas concretas al respecto y que puedan dar a conocer los resultados de una auditoría que había sido realizada hace unos meses atrás.

Mario Ardissone, presidente de la Asociación de Padres del San José, manifestó al canal GEN que están en un colegio católico donde se viven y se pregonan valores. “Nosotros debemos predicar con el ejemplo, si no somos capaces de brindar transparencia con la gestión del colegio, entonces mañana qué le podemos pedir a los chicos”, indicó.

Este grupo ha solicitado, vía nota, la destitución de Ávalos a raíz de los hechos irregulares que fueron denunciados y que hoy generan el ambiente de crispación.

Ardissone aseguró que existe una pérdida de confianza y que, más allá del resultado de la auditoría, hay un malestar generalizado hacia la administración del colegio. “Hay un montón de deficiencias que no son solamente en el tema de infraestructura y servicios sino también en la calidad del personal docente, en los salarios”, puntualizó.

Los padres emplazaron por 24 horas a las autoridades del Colegio San José para dar respuestas, caso contrario, anuncian una “movilización permanente” y otra serie de medidas a ser anunciadas eventualmente.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.