El Consejo Directivo de la CAP

El presidente @Horacio_Cartes debe #vetar totalmente la Ley de #Autoblindaje #comunicado del Colegio de Abogados en torno a la inconstitucionalidad de la ley y los errores conceptuales que conlleva pic.twitter.com/AnZyZZXI8w

— Colegio de Abogados (@CAP_py) 20 de marzo de 2018 ” target=”_blank”>emitió ayer un comunicado en el que expresa lo siguiente: “En un país donde el Congreso tarda meses y hasta años en sancionar la más beneficiosa de las leyes para la ciudadanía, no pasa desapercibida la inusitada celeridad con la que aprobó una norma cuyo principal propósito es -sin duda alguna- imposibilitar que sus miembros pierdan su investidura parlamentaria y, con ello, los beneficios legales y fácticos que trae aparejado el cargo”.

A criterio del gremio de abogados, el proyecto de ley aprobado el jueves último en el Senado viola los artículos 137 y 185 de la Constitución Nacional y, por lo tanto, es considerado como “inconstitucional”.

Rubén Galeano, presidente del CAP, en entrevista con Radio La Unión detalló que el artículo 185 de la Carta Magna establece mayorías simples para la toma de decisiones en las que la propia Constitución no establezca mayorías calificadas. “La pérdida de investidura no tiene prevista en nuestra Constitución mayorías calificadas, por ende debe tomarse la decisión por mayoría simple”, sostuvo.

Así también, cuestionó el hecho de que se pretenda establecer una ley pase por encima de una disposición constitucional, lo cual viola abiertamente el Art. 137 que establece que “la ley suprema de la República es la Constitución”.

Ante esta situación, el Colegio de Abogados del Paraguay decidió exhortar al titular del Ejecutivo a vetar el proyecto de ley que reglamenta el artículo 201 de la Constitución Nacional sobre la pérdida de investidura.

La normativa “evidencia una falta de tino político y oportunidad de los integrantes del Congreso que votaron por su aprobación”, señala una parte del comunicado. Al respecto, Galeano mencionó que esto puede considerarse como “una señal” ya que se pretende implementar el “autoblindaje” de parlamentarios justo en un momento en el que la ciudadanía tiene sus ojos puestos en el Parlamento luego de la pérdida de investidura al exsenador Óscar González Daher, salpicado en el tráfico de influencias en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

“Exhortamos al señor presidente de la República a que dé una señal importante para la ciudadanía de que él no va a apañar y no está de acuerdo con esta decisión de autoblindaje de algunos parlamentarios”, aseguró el titular del CAP a la R800 AM, reafirmando que “sería muy saludable que el Poder Ejecutivo no se encuentre intoxicado con los afanes de blindaje del Congreso”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.