“Hay expectación respecto a la liberación, aunque no sabemos si el grupo cumplirá con su palabra. Se está esperando a ver qué sucede”, dijo a Efe el teniente coronel Víctor Urdapilleta, portavoz de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el cuerpo creado para combatir a la guerrilla.

Los pobladores de Río Verde, en el norteño departamento de San Pedro, procedieron el jueves a repartir alimentos por valor de 100.000 dólares en los asentamientos campesinos de Antebi Cue (norte) y de Guahory (centro), siguiendo las instrucciones de la guerrilla.

Las condiciones para la liberación de Wiebe se comunicaron a través de un video en el que aparece el joven, en su primera prueba de vida desde que fue secuestrado.

Sin embargo, mientras que los campesinos de Antebi Cue aceptaron la entrega, los de Guahory, un asentamiento que vivió varios desalojos entre septiembre de 2016 y enero de 2017, expresaron su repulsa a las prácticas de la guerrilla y rechazaron los alimentos, que quedaron en un galpón a la espera de los acontecimientos, según Urdapilleta.

En ese sentido, el portavoz elogió esa actitud al subrayar que se trató de una “extorsión” con fines “populistas”.

“Elogiamos que los campesinos de Guahory no hayan aceptado los alimentos. No era una donación desinteresada, sino una extorsión y una manera de hacer propaganda”, declaró Urdapilleta.

Las exigencias para liberar a Wiebe, por cuya libertad en un principio la guerrilla pidió 700.000 dólares a su familia, se encontraban junto a varios materiales impresos y audiovisuales hallados la pasada semana entre dos estancias en el norteño departamento de San Pedro.

La familia del secuestrado divulgó el jueves uno de esos materiales, el video en el que Wiebe explica la exigencia del grupo armado del reparto de víveres como condición para liberarlo.

El día anterior se difundió otro video en el que aparecen tres mujeres armadas y con el rostro descubierto, y en el que una de ellas lee un comunicado en el que define al EPP como “el ejército uniformado del pueblo pobre”.

“No somos terroristas, no somos criminales, somos hijos del pueblo pobre (…). Sin justicia no hay paz”, dice la mujer en las imágenes.

Wiebe, quien fue secuestrado en Río Verde, es el segundo miembro de la comunidad menonita de Paraguay secuestrado por el EPP, que desde hace más de un año tiene cautivo a Abraham Fehr, por cuya liberación pidieron el pago de medio millón de dólares.

Además, el EPP tiene en su poder desde hace algo más de dos años al suboficial de la Policía Edelio Morínigo, por cuya libertad se ofreció un canje de prisioneros de la guerrilla que el Gobierno no aceptó.

En la zona norte de Paraguay fue secuestrado el pasado octubre el empresario ganadero Félix Urbieta, hecho que apunta a un grupo escindido del EPP, según las autoridades.

El Gobierno paraguayo atribuye al EPP medio centenar de asesinatos y varios secuestros desde su fundación en 2008.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.