El informe de la Fiscalía señala que el mecánico Alexis René Portillo (imputado desde hace 6 años por casos de robos y estafas) recibió el pedido (verbal) para reparar la patrullera policial de la comisaría de Villa Choferes, del departamento de Boquerón.

Agrega que, el jefe de esa repartición, oficial Víctor Bobadilla, informó a su superior, el comisario Mora, del problema que tenía la patrullera. Y que él le dijo que tenía un mecánico de confianza en Asunción, que se encargará de la reparación.

En efecto la patrullera fue llevada a la capital y entregada a Portillo. Pasaron los días y en vista de que no se devolvía el móvil de la Policía, el oficial Bobadilla se comunicó con el mecánico, recibiendo como respuesta (replicada varias veces) que ya pronto estaría acabado el trabajo.  Sin embargo, pasaron semanas y meses y no devolvió la patrullera.  Luego ya no respondía las llamadas. Se reportó entonces que la patrullera fue robada, y Portillo sumó un expediente más a su larga lista de imputaciones por robo de vehículos.

Al final la patrullera de la Policía Nacional “apareció” en un taller mecánico de Asunción, cuyo propietario dijo que había sido depositado allí por Alexis Portillo, quien se borró, literalmente, de todos los lugares que frecuentaba habitualmente.

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El comisario Roberto Crescencio Mora está siendo investigado por Asuntos Internos de la Policía, por el hecho.  Sin embargo, el mismo dejó de ser jefe policial del departamento de Boquerón, para ser trasladado a un cargo técnicamente igual al que ocupaba. En el ámbito de la Policía, se sabe,  los traslados a determinadas zonas implican premio o castigo.  Y en ese tren de comparaciones, ser derivado de Boquerón (donde estaba el comisario Mora) a San Pedro (con muchísimo más “movimiento” que la región chaqueña),  representa básicamente, un “ascenso”, aun manteniendo el mismo salario que su similar del Chaco.

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La patrullera que fue carneada por el mecánico de comisario. Foto Policía Nacional.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.