El tema será tratado el día lunes, durante la sesión de la comisión legislativa. “Ahí vamos a analizar qué curso de acción tomar.

El presidente de la comisión, Julio César Franco, dispuso que se invite al general Herminio Piñánez, padre del capitán Enrique Piñánez, para que se ratifique o rectifique en su denuncia”, expresó el senador Miguel Abdón Saguier a radio UNO.

El parlamentario del PLRA afirmó que de confirmarse la acusación que hace el militar hacia la Fuerza de Tarea Conjunta “sería un hecho sumamente gravísimo”.

“Queremos avanzar sobre el tema, ir descubriendo de la verdad y la forma en que opera la FTC”, manifestó el congresista.

El general retirado Herminio Piñánez denunció un complot interno para asesinar a su hijo, el capitán de Ingeniería Enrique Daniel Piñánez Ciancio, experto en explosivos de las Fuerzas Armadas.

El militar está convencido de que tanto su hijo como el suboficial de Infantería José Manuel González fallecieron en una trampa ordenada por el general Ramón Benítez, coronel Héctor Grau, ministro Luis Rojas, y comisario Francisco Resquín (año 2014).

El padre también responsabilizó de la muerte de su hijo al general retirado Mario Restituto González y crio. Antonio Gamarra, ambos excomandates de la FTC.

La senadora del PDP, Desireé Masi, denunció que familiares del capitán Piñánez reciben amenazas por parte de los integrantes de la fuerza del norte. “Ellos están amenazados hace cinco meses para que no hablen del tema”, refirió la mujer.

ANTECEDENTES

El 26 de noviembre de 2014, el capitán Enrique Piñánez (34) y el suboficial José Manuel González (39) fallecieron trágicamente en Cuero Fresco, distrito de Horqueta, departamento de Concepción, al accionar un explosivo en el vehículo en que iban.

El hecho se registró en medio de una operación encubierta, para instalar una bomba en un campamento de la ACA (Agrupación Campesina Armada).

Al igual que el padre, la hermana de Piñánez también había denunciado que la muerte se trató de una “quema de archivo”. Gloria Beatriz Piñánez dijo que a su hermano lo ejecutaron porque “sabía mucho” y “hacía bien su trabajo”.

Culpó al Gobierno de encubrir la “ejecución” y dijo que la bomba que explotó en Cuero fresco, dentro de la camioneta, fue detonada para borrar la evidencia.

Para la Fiscalía, el caso se enmarca dentro de un atentado. El agente fiscal Joel Cazal sostuvo que se puede confirmar que fue un atentado lo ocurrido en Cuero Fresco.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.