La Asociación Rural del Paraguay (ARP) emitió un comunicado tras la amenaza de acciones legales contra su titular, Pedro Galli, esto luego de que el mismo haya mencionado posibles vínculos del senador Pedro Santacruz (PDP) con los grupos criminales del norte.

En el documento, la comisión directiva central de la ARP recuerda que uno de los artículos de la Constitución Nacional es la libertad de expresión, la cual se considera como un derecho de toda la ciudadanía.

Asimismo, indica que la amenaza de un legislador de denunciar ante la justicia a un presidente de un gremio por declaraciones y denuncias de hechos varios que son notorios y ocurren a diario en el país “es un claro intento de limitar la libertad de expresión, de infundir miedo y socavar las bases de la democracia”.

“Esta amenaza al presidente del gremio es un indicio del proceso de deterioro institucional que estamos viviendo, propiciado por actores al servicio de un proyecto totalitario, que busca destruir los pilares de la República del Paraguay”, indica el texto publicado por la ARP.

En otro apartado, la asociación sostiene que toda restricción o intento de limitar estos derechos, como la presentación de leyes de claro tinte inconstitucional, o el apoyo a violaciones a la propiedad privada, o el proyecto de despenalización de invasiones, constituyen conductas ilícitas conforme al Art. 127 de la Constitución que dice que no está permitido predicar su desobediencia.

La Comisión Directiva Central de la ARP ratifica, a su vez, las expresiones de Pedro Galli al afirmar que con todo esto que ocurre se busca propiciar “el conflicto social, el enfrentamiento del pueblo, y la inseguridad en el campo y en la ciudad, para construir un proyecto totalitario, al margen de los mecanismos establecidos en la Constitución Nacional”.

“El nivel de responsabilidad en estos hechos sube de grado al ser protagonizados por funcionarios públicos”, refiere la parte final del texto.

La senadora del Partido Democrático Progresista (PDP), Desirée Masi, amenazó con presentar acciones legales contra el titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, debido a que éste acusó a su colega de partido Pedro Santacruz de estar vinculado a los grupos criminales del norte del país.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.