Algunos legisladores miem­bros de la Comisión Perma­nente anunciaron que no apoyan la iniciativa por con­siderarla innecesaria. La dipu­tada Celeste Amarilla adelantó que la declaración no solucio­nará el problema de fondo.

En el mismo sentido se manifestó el gobernador del departamento, Ronald Ace­vedo, y varios comerciantes de la ciudad se muestran en contra debido a que podría generar una mala publici­dad para la región, que recibe varios turistas y estudiantes del Brasil.

MOTIVA CRISIS PENITENCIARIA

El proyecto nace debido a la crisis penitenciaria que se vive en el departamento luego de la liberación de los 76 reclusos del penal de Pedro Juan Caballero. Así, el pleno de la Comisión Permanente tendrá la oportunidad de debatir sobre la necesidad de la declaración. En el caso de aprobarse el tratamiento de urgencia, se tendrá que convocar de forma urgente a una sesión extraordinaria a los senadores y posterior­mente a diputados para que se defina el tema.

Se propone que se extienda el estado de excepción por un término de 45 días, con­tados desde el momento que el Poder Ejecutivo lo pro­mulgue, según expresa el documento presentado el miércoles 22 de enero por los legisladores del Partido Liberal. No obstante, podría extenderse hasta los 60 días según permite la Constitu­ción Nacional.

A través de esta herramienta legislativa, el presidente de la República, Mario Abdo Bení­tez, podrá ordenar por decreto y en cada caso la detención de las personas indiciadas de haber cometido delitos o crí­menes y el traslado de las mis­mas de un punto a otro den­tro del territorio nacional, según establece la Constitu­ción Nacional.

NO HAY CONDICIONES

El ministro del Interior, Euclides Acevedo, adelantó su rechazo a la propuesta de declaración del estado de excepción en el departamento de Amambay. Indicó que la propuesta se dio cuando el tema era reciente y con “una temperatura diferente a la actual”.

Para el jefe de cartera “ahora mismo no se dan las condicio­nes”. Igualmente, anunció que discutirá con la Asesoría Jurídica del ministerio para responder al pedido realizado por el senador liberal Blas Llano. No obstante, adelantó que la respuesta será negativa.

Recordó que una de las condiciones para darse la declaración es que hay conmoción social, situación que a su criterio no hay. “No ha sido rebasado nadie”, explicó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.