Durante la sesión ordinaria desarrollada esta mañana, la Comisión Permanente votó por no convocar a ambas cámaras del Congreso para analizar el proyecto de ley “Que declara el Estado de Excepción en el departamento de Amambay”.

Por amplia mayoría, los congresistas decidieron que no era necesaria una sesión extraordinaria tanto en la Cámara de Senadores como en Diputados para el tratamiento de urgencia del referido proyecto de ley, como lo habían solicitado los proyectistas.

Cabe recordar que la propuesta parlamentaria había sido presentada la semana pasada por los senadores Blas Llano (PLRA), Fernando Silva Facetti (PLRA) y Abel González (PLRA) tras la fuga masiva de reclusos de la cárcel de Pedro Juan Caballero.

Uno de los que se expresó en contra de la declaración de Estado de Excepción fue el diputado Celso Kennedy (PLRA), quien sostuvo que el pedido no tiene justificación para este momento y que ahora “resulta extemporáneo” dadas las circunstancias.

Por su parte, el diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR) afirmó que es innegable la crisis penitenciaria vigente en nuestro país pero hizo énfasis en las diferencias que existen en cuanto al manejo de los reclusos, votando también por el rechazo del proyecto de ley.

Otros de los parlamentarios que manifestaron su negativa a la declaración del Estado de Excepción en Amambay fueron los senadores Desirée Masi (PDP), Sixto Pereira (FG) y Stephan Rasmussen (PPQ) junto con los diputados Édgar Acosta (PLRA), Derlis Maidana (ANR) y Norma Camacho (PEN). Estos dos últimos reiteraron que el Poder Ejecutivo ya dispone de herramientas legales para utilizar en este tipo de situaciones.

El senador Fernando Silva Facetti (PLRA) fue el único que defendió la iniciativa que presentó en conjunto con sus colegas Blas Llano y Abel González. El mismo señaló que “el Estado no tiene reacción ante los hechos” e hizo mención a “zonas liberadas”, lo que se traduce en pérdida de soberanía.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.