Actualmente el sistema penitenciario alberga en los centros de reclusión a 15.350 internos, por lo que surge la necesidad de implementar el sistema de control con las tobilleras electrónicas. La ministra de Justicia, Cecilia Pérez Rivas, manifestó que apuesta fuertemente a esta iniciativa.

Para corroborar su eficacia, las autoridades pretenden realizar un plan piloto durante 45 días con 15 reos, en principio. Los jueces Gustavo Amarilla y Lici Teresita Sánchez fueron designados por la Corte Suprema de Justicia para aplicar los dispositivos de control. Se prevé que esta evaluación arranque el 20 de enero.

Tanto las pulseras como el monitoreo serán dadas a préstamo por parte de la empresa brasileña Spacecom, la cual ofreció en forma gratuita los 15 aparatos para prueba durante 45 días. A esta firma se sumó otra que también tiene intenciones de hacer lo mismo pero con aparatos ingleses, aunque todavía no se llegó a un acuerdo.

La idea es evaluar cómo funciona el aparato en casos de personas con arresto domiciliario o para las libertades ambulatorias.

CÓMO FUNCIONAN

Las pulseras electrónicas tienen GPS y están conectadas a un satélite para poder ser monitoreadas en tiempo real. Las mismas deben recargarse diariamente, para lograr el 100 % debe conectarse a la red eléctrica durante tres horas, así la duración de la batería será de 20 horas. No recargar el dispositivo se configura un delito.

Se recomienda no dormir con el equipamiento cargando. Tampoco se debe ingresar con la tobillera a una piscina, sino que solo se puede dar una ducha rápida con el artefacto puesto.

MÁS DE LA EMPRESA

La empresa Spacecom opera en el desarrollo de productos y soluciones de seguridad pública, telecomunicaciones y tecnología de la información. Actualizada, moderna y fuertemente enfocada en su propio desarrollo tecnológico, busca desarrollar soluciones diferenciadas e inteligentes, buscando siempre la mejor relación costo-beneficio para sus clientes.

En 2002, a través de alianzas estratégicas, Spacecom comenzó el desarrollo y la provisión de portales de voz para el servicio automatizado a empresas de comunicaciones, como las emisoras de radio y televisión.

En 2005, la compañía comenzó a estudiar soluciones en el área de seguridad pública a través del monitoreo remoto de personas en libertad condicional. Ya en 2010, comenzó en el estado de São Paulo la primera operación de monitoreo de sentencias a gran escala en Brasil.

Hoy opera en 16 estados, después de haber monitoreado a más de 250,000 condenados distintos, con un promedio de 38,000 monitoreados por día.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.