A lo largo de la pandemia de COVID-19, miles de trabajadores en nuestro país fueron suspendidos por sus respectivas empresas debido a la falta de actividad laboral y de ingresos económicos.

En algunos casos, la suspensión de contratos duró entre 3 y 6 meses, mientras que en otros ya se está extendiendo por casi 9 meses, con posibilidad de que inclusive se extiendan hasta el próximo año.

Según expresó la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, unas 190 empresas ya solicitaron la suspensión laboral hasta el mes de febrero, por lo que el panorama proseguirá hasta parte del 2021.

Una de las grandes interrogantes que surgen ahora es, ¿cómo se abonará el aguinaldo de los trabajadores que fueron o siguen suspendidos?

El viceministro de Trabajo, Luis Orué, recordó que, de acuerdo a lo establecido en el Código Laboral, el aguinaldo se calcula en base a todos los salarios, horas extra, comisiones u otro tipo de bonificaciones que el trabajador haya percibido durante el año, dividiendo la cifra final por 12 meses.

A una persona que, por ejemplo, estuvo suspendida durante 6 meses se le descontarán esos 6 meses debido a que fue un tiempo en el que el mismo no percibió un salario fijo, refirió.

En este caso, cabe aclarar que el subsidio abonado por el Instituto de Previsión Social (IPS) no puede ser contabilizado en el cálculo debido a que el mismo fue pagado en concepto de compensación, pero no forma parte del salario propiamente.

Respecto a las comisiones o bonificaciones, Orué mencionó que solo se considerarán aquellas que hayan sido abonadas con frecuencia, no así las que fueron pagadas por única vez o en contadas oportunidades durante el año.

Para saber cuánto debe cobrar en concepto de aguinaldo, el trabajador tiene la opción de hacerlo por su propia cuenta ingresando a la “Herramienta para Cálculo del Aguinaldo” disponible en la web del Ministerio de Trabajo.

Desde el inicio de la pandemia un total de 11.463 empresas solicitaron la suspensión de contratos de sus trabajadores, de acuerdo a los datos manejados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.