Los peticionantes son los fiscales Victoria Acuña y Luis Piñánez, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Los acusadores indican como antecedentes de la causa que, durante los meses diciembre de 2017 a julio de 2018, Miguel Oscar Bajac Albertini, en ese entonces Ministro de la Corte Suprema de Justicia solicitó a Felipe Nery Páez y Liduvina Rodríguez Mendieta, ésta última propietaria de la Firma Cal Agro S.A. elpago de sumas de dinero consistente al 5% del monto del capital establecido en el Acuerdo y Sentencia Nº 18 de fecha 20 de marzo de 2017,en el Expdte. Cal AgroS.A. c/ INC s/ Resolución de Contrato e Indemnización de Daños y Perjuicios por Responsabilidad Contractual, cuyo valor asciende a G. 3.700.000.000.

Y la suma de USS 50.000 (Cincuenta mil dólares americanos) como adelanto o seña a cambio de su voto y la obtención de una resolución judicial que beneficie a los mismos en el juicio caratulado: “Cal Agro S.A. c/ INC s/ Resolución de contrato e indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad conceptual, para dicho efecto, solicitó a Felipe Nery Páez, formalizar un acuerdo con un Abogado designado por él.

Para el efecto, el mismo exministro durante dicho periodo de tiempo, mantuvo reuniones con Felipe Nery Páez y Liduvina Rodríguez Mendieta en su despacho en el Poder Judicial ubicado en las calles Alonso y Testanova del barrio Sajonia de Asunción y en su domicilio particular ubicado en Adolfo Riquelme Nº 4710 Torreani Viera, de la ciudad Capital.

El acuerdo consistió en que Felipe Nery Páez y Liduvina Rodríguez Mendieta, por la firma Cal Agro S.A. otorguen intervención a un Abogado designado por Bajac, en los autos: Cal Agro S.A. C/ INC S/ resolución de contrato e indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual, así como la suscripción de un Contrato de Pacto de Cuota Litis a los efectos de simular el pedido de dinero con el pago de honorarios profesionales.

Es así, que el 2 de febrero de 2018 Juan Carlos Ávila Meza, Abogado designado por Miguel Oscar Bajac, convocó a Felipe Nery Páez y Liduvina Rodríguez Mendieta, a una oficina situada en la Avenida Carlos Antonio López Nº 1110 casi Isabel la Católica, a suscribir un Contrato Privado de Pacto de Cuota Litis en concepto de honorarios profesionales.

En la Cláusula Tercera del mencionado Contrato, fue acordado que en caso que la Corte Suprema de Justicia confirme en todas sus partes la sentencia de segunda instancia, los honorarios que le corresponden al Abogado serán el valor del (5%) cinco por ciento del valor establecido en el acuerdo y sentencia Nº 18 de fecha 20 de marzo de 2017, dictado por el Tribunal en lo Civil y Comercial 3ra. Sala de la Capital cuyo monto asciende Gs.3.700.000.000 (Guaraníes tres mil setecientos millones).

Durante la reunión, Juan Carlos Avila,se comprometió a realizar todo el trabajo de lobby con el fin de obtener los votos favorables de los Doctores Bajac y Torres Kimser, afirmando que por sus conexiones él podría lograr ese objetivo dentro del plazo fijado en el contrato, también estuvieron presentes el Abogado Luis Martínez (con intervención desde su inicio por la firma CAL AGRO S.A. en el juicio CAL AGRO S.A. c/ INC s/ Resolución de Contrato e Indemnización de daños y Perjuicios por Resp. Contractual) y los funcionarios judiciales pertenecientes al gabinete del ex Ministro Bajac, Carlos Lesmey Gustavo Franco.

También acordaron que el Abogado Ávila, tendría que pasar a firmar un Poder en una Escribanía propuesta por el señor Nery Páez, es así que tanto él y la Sra. Liduvina Rodríguez, por lafirma CAL AGRO S.A. otorgaron al Abog. José Carlos Ávila, un Poder General para AsuntosJudiciales y Administrativos conforme escritura del Poder General para Asuntos Judiciales y Administrativos, ante el Escribano y Notario Público Mario Bogado Brito.

El 12 de febrero de 2018, el expediente CAL AGRO S.A.C/INC S/ RESOLUCIÓN DE CONTRATO E INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESP. CONTRACTUAL, fue remitido por el Gabinete del Ministro Raúl Torres Kimser, con proyecto con una firma al Gabinete de Miguel Oscar Bajac.

El 24 de abril de 2018, se produce la remisión del mencionado expediente del Gabinete del Ministro Bajac, con proyecto al Gabinete del Ministro Garay. El 5 de junio de 2018, se produce la devolución del expediente de referencia por parte del Gabinete del Ministro Garay, al Gabinete del Ministro Bajac, para rever voto.

El 18 de junio de 2018, el Gabinete del Ministro Bajac, devuelve el expediente en cuestión al Gabinete del Ministro Garay con 2 firmas. Miguel Oscar Bajac, también solicitó a Felipe Nery Páez, un adelanto de 50.000 USS (dólares americanos cincuenta mil), para lo cual designó al funcionario judicial Rafael Ramírez, como su intermediario, es así que Felipe Nery Páez, en fecha 2 de julio de 2018, formuló denuncia al Ministerio Público los hechos arriba mencionados.

A partir del 3 de julio, se producen conversaciones telefónicas entre Felipe Nery Páez y Rafael Ramírez, acordándose bajar la suma solicitada por el ex Ministro Bajac de 50.000 a 25.000 dólares americanos, pactándose una entrega parcial de la mencionada suma en la plaza ubicada frente al Palacio de Justicia el día 5 de julio de 2018, poco antes del encuentro el denunciante Felipe Nery Páez, recibió en su teléfono celular de Carlos Miguel Lesme, quien le recriminó haberlo llamado varias veces y le advirtió que el mismo tenía tiempo hasta el viernes para solucionar porque el Ministro ya se iba, razón por la cual tenía que apretar.

Siendo aproximadamente las 11:20 en el lugar mencionado, Felipe Nery Páez, entregó la suma de cincuenta millones de guaraníes como parte del adelanto solicitado por Bajac. En dicha reunión, Nery Páez, luego de entregar el dinero solicitó a Rafael Ramírez, llame de su teléfono celular al entonces Ministro Bajac, a informarle que él había cumplido lo acordado, a lo que Ramírez, respondió que eso no era posible, sí le manifestó, que el Dr. Bajac, iba cumplir con lo pactado y que el dinero faltante podía entregarle personalmente a él en su domicilio por la tarde.

Dicho encuentro fue grabado y filmado con autorización judicial, vigilado por efectivos policiales y miembros de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público siendo posteriormente Rafael Ramírez, aprehendido una vez finalizada la entrega vigilada de dinero.

Llamativamente, un día después del citado procedimiento fiscal-policial, los Ministros Raúl Torres Kimser, César Antonio Garay y Miguel Oscar Bajac, por Acuerdo y Sentencia Nº 73 de fecha 6 de julio de 2018, resolvieron revocar parcialmente el Acuerdo y Sentencia Nº 18 de fecha 20 de marzo de 2017, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Tercera Sala, no haciendo lugar a la demanda de resolución de contrato e indemnización de daños y perjuicios que promovió la firma CAL AGRO S.A. contra la Industria Nacional de Cemento, imponiéndolas costas, en las tres instancias a la parte actora y perdidosa, es decir contrariamente a lo que el ex Ministro Bajac había prometido si el percibía dichos montos.

Esta Representación Fiscal tuvo conocimiento del hecho ante una denuncia escrita formulada el 2 de julio del año 2018, a la Unidad Especializada por parte del Señor Felipe Nery Páez.

Según lo manifestado por el denunciante Sr. Felipe Nery Paez, el origen de esta causa se remonta en el año 2009, año en que el representante legal de la empresa CAL AGRO S.A., promueve demanda de resolución contractual e indemnización de daños y perjuicios en contra de la Industria Nacional del Cemento (INC), en la cual Cal Agro S.A reclama a la INC, indemnización material, el lucro cesante y el daño moral, más los intereses, costos y costas que demande el mencionado juicio y su duración en el tiempo hasta el cobro integro y efectivo de los conceptos enunciados.

Y que según la demandante la suma reclamada en ese entonces era de Gs. 171.426.234.800. Dicha demanda esta caratulada como “CAL AGRO S.A. C/ Industria Nacional de Cemento S/ RESOLUCIÓN DE CONTRATO, INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICOS POR RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL”. AÑO: 2009, N° 227, A CARGO DEL JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL 12° TURNO, JUEZ ENRIQUE LUIS MARIA MONGELOS AQUINO, SECRETARIA 23, A CARGO DE SILVIO ROJAS RAMOS.

FUNDAMENTOS DE ACUSACION

Realizado el desarrollo circunstanciado de los hechos fácticos que se les atribuye a los acusados corresponde analizar, a la luz de los elementos objetivos recabados durante la investigación, los fundamentos que motivan la acusación.

De acuerdo a las diligencias investigativas realizadas por esta Unidad Fiscal en el marco de la presente Causa, demuestran la participación de los acusados en el ilícito; primeramente, conforme lo demuestra el mismo Acuerdo y Sentencia Nº 73 de fecha 6 de Julio de 2018, en los autos Cal Agro S.A. c/ INC s/ Resolución de Contrato e Indemnización de Daños y Perjuicios, y otras constancias obrantes en la Carpeta Fiscal que Miguel Oscar Bajac Albertini, al momento de la realización del hecho punible, el mismo ostentaba el cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia, además era integrante de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia con intervención en el expediente civil arriba citado.

Igualmente, los testimonios de Felipe Nery Páez y Liduvina Rodriguez Mendieta, afirman que el entonces Ministro Bajac, con intervención en los autos Cal Agro S.A. c/ INC s/ Resolución de Contrato e Indemnización de Daños y Perjuicios por Responsabilidad Contractual, les solicitó dinero a cambio de su voto y una solución favorable a los intereses de los denunciantes quienes eran partes en el mencionado Juicio.

Además de Grabaciones de llamadas telefónicas y filmaciones en audio y video del procedimiento fiscal policial de fecha 5 de julio de 2018,con autorización Judicial, entre el Señor Felipe Neri Páez y los funcionarios judiciales Rafael Ramírez y Carlos Lesme, en ese tiempo dependientes del entonces MinistroOscar Bajac, demuestran que el ex alto Magistrado utilizó a sus funcionarios para solicitar la suma de cincuenta mil dólares americanos como adelanto o seña de lo solicitado por su voto favorable además deuna salida procesal favorable a los intereses de los representantes de Cal Agro ,en los autos: “Cal Agro S.A. c/ INC s/ Resolución de Contrato e Indemnización de Daños y Perjuicios por responsabilidad contractual.

Igualmente, se tiene en la Acusación, el cruce de llamadas entre los procesados.

En tal sentido, la conducta de los acusados es TÍPICA pues conforme a la descripción fáctica y las pruebas colectadas durante la etapa preparatoria, y ofrecidas en el escrito de acusación, se hallan plenamente reunidos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal.

Es ANTIJURÍDICA ya que no están amparadas por normativa alguna de orden jurídico nacional. Tampoco observamos que hayan alegado legítima defensa (Art. 19 C.P) de un bien jurídico propio o ajeno ante un peligro presente o inminente, ni hechos relativos al estado de necesidad justificante (Art. 20 C.P).

Menos aún corresponde hablar de que a los acusados les era inexigible comprender la antijuridicidad de su conducta en razón a un trastorno mental (Art. 23 C.P.) o a un error de prohibición. Por ende no se observan circunstancias que les eximan de REPROCHABILIDAD.

Cabe mencionar que a los hoy acusados se les ha dado la oportunidad suficiente para ejercer sus defensas, se les ha llamado a prestar Declaración Indagatoria por el hecho punible que se les acusa, siendo debidamente asistidos por su defensa técnica de conformidad a las disposiciones del Art. 350 del Código Procesal Penal, en relación a OSCAR MIGUEL BAJAC Y JUAN CARLOS AVILA MEZA; así mismo con relación a CARLOS MIGUEL LESME se le dio oportunidad suficiente pero optó por abstenerse de declarar, estando a disposición de cada uno de ellos todas las actuaciones y evidencias que obran en la carpeta Fiscal.

Finalmente, en el escrito de Acusación se indica que se ofrecieron pruebas testificales, instrumentales y documentales, periciales y otros medios de pruebas (evidencias).

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.