En entrevista con la radio Universo y canal GEN, la fiscal electoral Myriam González fue consultada sobre qué medidas serán tomadas en el caso de Arnulfo Ramón “Monchi” Fretes Sosa, quien dijo en un audio filtrado que el titular de la Essap, Natalicio Chase, ya juntó para los comicios “4.000 (millones de guaraníes) y para el Día D tres palos verdes (tres millones de dólares)”.

La autoridad electoral primero mencionó que podría verse una medida para prohibir la difusión del audio, aunque luego agregó que un fiscal penal puede intervenir de oficio o también se puede realizar una denuncia contra “Monchi” para ser investigado por el intento de coerción al elector.

Según el art. 278 de la Justicia Electoral, el que mediante fuerza, amenaza de un mal considerable, presión económica o abuso de una relación de dependencia profesional o económica, coaccionara a otro o le impidiera elegir o ejercer su derecho electoral en un determinado sentido, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. En los casos especialmente graves la pena privativa de libertad será de uno a diez años. En estos casos, será castigada también la tentativa.

LLAMATIVO SILENCIO DE LAS AUTORIDADES

Por su parte, el diputado colorado Raúl Latorre dijo al mismo medio periodístico que el Ministerio Público debe actuar de oficio y consideró que es preocupante que ya no lo haga. “Es una mezcla de pena y susto la declaración de la fiscal electoral de evitar la circulación del audio. Parece un chiste la actuación de la justicia, porque son ellos quienes deben actuar”, agregó.

“La ciudadanía ya no tolera este tipo de prácticas y eso se reflejó ayer en la manifestación de autoconvocados. Ya no se tolera este tipo de modelo de política, de la condena social ya no van a poder escapar”, dijo sobre la movilización de anoche de los ribereños.

El legislador indicó además que no le extraña que el oficialismo guarde silencio ante este escándalo, ya que sus principales dirigentes se están preparando para suprimir la voluntad del pueblo, tirando toda la estructura del Estado contra la candidatura de “Nenecho” Rodríguez.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.