Ver un programa de televisión y escuchar al conductor hablando sobre algún tema en particular. Luego de ello, escuchar las opiniones de sus panelistas y el debate que se genera, a la par de visualizar las imágenes de apoyo que aparecen en la pantalla.

Esta situación podría parecer cotidiana y nada fuera de lo común para los telespectadores, pero hay un grupo al que quizás no le sea tan sencillo comprender el contexto o hasta el mensaje que han querido transmitir: el de las personas con discapacidad.

Para este sector de la población, siempre han existido barreras que hasta hoy día siguen sin ser superadas y una de ellas tiene que ver con la llamada “accesibilidad comunicativa”, una de las tantas materias pendientes en nuestro país.

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Al hablar de “comunicación accesible”, estamos hablando del concepto de comunicar para que todas las personas puedan tener acceso a la misma información sin excepción alguna, incluyendo a personas con discapacidad visual, auditiva o intelectual.

El ejemplo mencionado al inicio es una muestra de que aquello que es “normal” para algunos podría no serlo para todos. Una persona con discapacidad auditiva sería incapaz -a menos que haya desarrollado la habilidad de leer los labios, lo cual lleva años de práctica- de entender lo que estaban debatiendo en el programa sin un intérprete de señas.

Las personas con discapacidad visual también tienen derecho a informarse, aunque no todos los medios de comunicación se adecuan a sus necesidades y requerimientos, panorama que no solo se evidencia en Paraguay sino también en varios países del mundo. Muestra de ello es la falta de textos en Braille para que puedan leer las noticias en los periódicos impresos o de la función “leer texto” en los portales web.

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En el caso de las redes sociales, una buena alternativa es recurrir a las funciones de accesibilidad. Tanto Instagram como Twitter hoy día cuentan con una herramienta para agregar texto alternativo a las fotografías, mientras que Facebook posee un asistente de navegación para lectores de pantalla.

Si bien la tecnología ha mejorado la accesibilidad en la comunicación de personas con discapacidad, aún hay aspectos como estos que nos deben interpelar para, de alguna manera, buscar alternativas de solución a corto, mediano y largo plazo.

Esta cuestión de la accesibilidad comunicativa nos obligar a replantearnos como sociedad el abordaje que hacemos sobre este tema y los desafíos que existen, a fin de poner el asunto en el tapete para generar un sano debate y con ello apuntar a mejorar aquello que requiera de una intervención.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.