Detalló que la comunidad está distante a unos 45 km de la ruta que conduce al centro de Pedro Juan Caballero, razón por la cual se consideró necesario consensuar opciones para abastecerse.

Ilse Giménez, coordinadora de Pueblos Indígenas de Amambay, comentó que se realizó una consulta previa para ejecutar la inversión en los insumos y armar el almacén de consumo, y quienes estuvieron de acuerdo, pasaron a ser socios. En total son 62 familias las que asumieron la responsabilidad de socios inversores del proyecto.

Señaló que lo más importante es “realizar un movimiento económico para aprovechar mucho mejor las transferencias monetarias del programa Tekoporã.

Cada socio aportó 100.000 guaraníes como capital semilla para desarrollar el proyecto. El beneficio de los socios inversores es un crédito de 100.000 guaraníes para retirar mercaderías del almacén y pagarlos luego del cobro de Tekoporã.

En la comunidad indígena son 105 las familias que reciben las transferencias monetarias desde el 2015.

Cabe mencionar que la iniciativa de almacén de consumo comunitario de familias de Tekoporã inició en las comunidades indígenas del Chaco.

Posteriormente, la Cámara de Diputados declaró de interés nacional para las comunidades indígenas, el fomento, la asistencia y el fortalecimiento estatal de los almacenes de consumo como mecanismo de autogestión, e instó al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), al Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y la Secretaría Técnica de Planificación (STP), implementar las acciones correspondientes, a través de una Mesa Técnica Interinstitucional.

El objetivo de los almacenes es fomentar la solidaridad, potenciar el capital humano y el desarrollo familiar/ comunitario. Las familias de la comunidad podrán acceder a productos de la canasta básica necesarias para la alimentación diaria, específicamente las que no forman parte de la producción familiar.

Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.